Luz verde del Gobierno al nuevo acuerdo de pesca entre España y Portugal

El Consejo de Ministros ha autorizado la firma del acuerdo pesquero entre España y Portugal, que regula las condiciones para el ejercicio de la pesca en aguas de ambos países. La actividad pesquera de ambas flotas en aguas comunes lleva siendo regulada por acuerdos bilaterales desde 1986.

En el presente año se ha negociado otro acuerdo adecuándolo a las circunstancias actuales del sector pesquero español y portugués. Consta de 8 artículos y dos anexos, aunque no introduce grandes cambios con respecto al anterior en cuanto a su esquema, arquitectura o en lo que se refiere a las posibilidades de pesca recíprocas para las diferentes modalidades y zonas, pero sí en las condiciones para el desarrollo de la actividad.

Los cambios introducidos en el articulado son los siguientes:

Se han suprimido las posibilidades de pesca para los buques atuneros-cañeros (cebo vivo) para ambos países, ya que no estaban siendo utilizadas por los sectores pesqueros tanto de España como de Portugal. Sin embargo, se ha incorporado un punto sobre condiciones técnicas que deja la puerta abierta a que se puedan decidir condiciones de acceso en un futuro.

Respecto al intercambio de información, cooperación y control, se incluye el «seguimiento de la utilización de las cuotas«.

Se introducen nuevos los puntos para mejorar las comunicaciones bilaterales en materia de control y en particular el punto 4, que permite desembarcar en un país y vender en el otro.

Mayor duración en busca de más estabilidad

Se ha acordado que el acuerdo tendrá una duración de cinco años, frente a los dos del anterior, firmado en 2018 por Portugal, atendiendo tanto a una demanda de los sectores pesqueros de ambos países como de sus Administraciones, dado que genera mayor estabilidad. El proceso de ratificación por parte de España se vio interrumpido por la convocatoria anticipada de elecciones y la disolución de las Cortes. Por lo tanto, en este momento se sigue aplicando el acuerdo de 2014.

Este acuerdo tenía una duración de dos años, con la posibilidad de renovarse automáticamente por un período de un año, siempre que las dos partes estuvieran de acuerdo. En 2016, tras la reunión del Comité luso-español (COLEP), y visto que los sectores de ambos países querían que el acuerdo continuara, se acordó entre ambas Administraciones la renovación tácita del mismo. En 2017, al no poder renovarse tácitamente, se acordó -mediante intercambio de cartas- continuar aplicando el acuerdo de 2014 mientras se negociaba otro. El proceso se dilató hasta ahora.