El plan de marisqueo enfrenta a Xunta y Gobierno por «provocar incertidumbre» a 8.700 profesionales
La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha acusado al Gobierno de iniciar "una guerra" contra el sector del mar gallego por presentar un recurso contra el plan general de marisqueo
Mariscadoras trabajando. Foto: Xunta de Galicia
Tensión entre la Xunta y el Gobierno central. La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha avisado de que la administración gallega defenderá «hasta las últimas instancias» su plan general de marisqueo 2021-2023 ante el recurso presentado por el Estado, el cual pone en riesgo, a su juicio, el trabajo de 8.700 profesionales.
«Esto no es una guerra entre el Gobierno central y el Gobierno gallego, esto es una guerra del Gobierno central contra el sector del mar gallego«, ha avisado la conselleira en una comparecencia a petición propia en el pleno del Parlamento. «Como bien dice nuestro himno: ‘Non nos entenden, non», ha afirmado Quintana.
Durante su intervención, la conselleira ha subrayado que el plan general de marisqueo se ha tramitado y aprobado desde 1992 durante 29 años «sin que hasta este momento hubiese problema alguno ni solicitud de ningún informe preceptivo por el Gobierno».
«Incertidumbre judicial» para 8.700 profesionales
De tal forma, la conselleira do Mar advierte de que el recurso del Ministerio para la Transición Ecológica puede «tener muy graves consecuencias para el sector marisquero», ya sea con una suspensión preventiva o una derogación, lo que daría lugar a un «vacío lugar». «Una imposición carente de sentido y de sustento», critica.
«Si el plan general fuese anulado, la incertidumbre judicial se echaría encima de unas 8.700 personas«, alerta la conselleira do Mar en referencia a unos 3.700 mariscadores a pie y otros 5.000 en embarcación. Remarca que este plan general que ordena 94 planes de marisqueo para los próximos tres años no requiere un informe de la Dirección General de la Costa y el Mar, dado que no se otorgan zonas de explotación marisquera, sino que solo se marcan un conjunto de normas y directrices (como horarios, usos de artes o limitaciones de capturas).
Por ello, censura la «injerencia» del Estado y lamenta la falta de diálogo del Gobierno a este respecto y que se limitase a decir: «Derogue usted y deme la razón por escrito».
