Margallo avisa a Mas: ‘embajadas’ catalanas sí, pero sólo para exportaciones

El Gobierno español, cuando se explica el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, se hace entender y el empresariado catalán lo agradece.

La posición respecto a Cataluña es firme, pero la consigna es el cumplimiento de la ley, sin más alardes. Margallo, con buenas conexiones entre el empresariado catalán, y entre la vieja guardia de CiU, ha querido dejar clara su posición. En un proceso de globalización acelerada, con casos como el gigante norteamericano Walmart, que factura más que el PIB de diferentes países juntos, como Austria, Dinamarca o Portugal, «los estados enanos» no podrán hacer frente a esa presión, según Margallo.

Con ese primer mensaje, con la idea de que los estados «deben integrarse en entidades regionales, como la Unión Europea», –lejos de sueños independentistas– Margallo se ha dirigido a una nutria presencia de empresarios y miembros de la sociedad civil en el Círculo Ecuestre.

Oficinas o ‘embajadas’ con el conocimiento del Gobierno

Con la presencia de la primera plana del PP catalán; del presidente de Foment, Joaquim Gay de Montellà; del presidente del Cercle d’Economia, Antón Costas; y de ejecutivos empresariales, como Salvador Alemany, el titular de Exteriores ha querido marcar el territorio al asegurar que «no cerrará ninguna de las oficinas de la Generalitat –llamadas ‘embajadas’–«, pero que sí vigilará que se dediquen «a su cometido, a las competencias que tienen atribuidas».

El Gobierno central presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de Acción de Exterior, tras conocer la decisión de abrir hasta 50 nuevas ‘embajadas’ en todo el mundo, iniciando el proceso con dos oficinas, en Viena y en Roma, en una clara voluntad de «dar a conocer el proceso soberanista».

Uno de los argumentos fue que el Govern no había informado previamente de ello. El Ejecutivo de Artur Mas lo negó, y afirmó que sí existía esa comunicación previa, como lo exige la Ley de Acción Exterior española.

Un servicio a las empresas «más barato» con Exteriores

Margallo ha querido solucionar el conflicto. Por ahora, el recurso se mantiene. Pero, según el ministro, tras una pregunta de un empresario que ha defendido el papel de esas oficinas en el exterior «para la ayuda a la exportación de las empresas catalanas», no se cerrarán. Ahora bien, deberán cumplir sus prerrogativas.

El Gobierno «está al servicio de las empresas catalanas, que son las que exportan más del conjunto de España», ha asegurado. Y para ello, «se ha puesto a disposición de los funcionarios de las comunidades nuestras embajadas en todo el mundo, y en la Unión Europea, con el objetivo de aprovechar las sinergias». La idea de Margallo, en un claro mensaje a Mas, es que se debe colaborar. «Mi convicción es que es más barato crear sinergias para favorecer las exportaciones, teniendo en cuenta que la experiencia nos dice que la puerta la abre con más facilidad un embajador español», ha asegurado.

Sus reflexiones, justo en ese momento, recibieron un largo aplauso, demostrando que una buena parte del empresariado –el establishment según el movimiento soberanista– desea que esa colaboración del Gobierno español con el tejido económico y las instituciones catalanas se incremente.

Mutualización de la deuda en Europa como «en España»

Margallo, uno de los ministros del Ejecutivo de Mariano Rajoy que encuentra una mayor receptividad en Cataluña, aunque es el autor de la frase según la cual Cataluña «vagaría por el espacio sin reconocimiento», ha insistido en el proceso de construcción europea.

Y ha dejado un último mensaje, con la idea de constituir los Estados Unidos de Europa si se culmina un proceso de unión fiscal y política. «La mutualización de la deuda será un hecho en Europa, como la mutualización que ya hemos hecho en España». Eso implica que autonomías como Cataluña se financien a través de mecanismos del Estado, como el FLA, sin la posibilidad de acudir a los mercados internacionales.

Para Maragallo eso ya es un hecho, que, por ahora, no será reversible. Pero para el Govern de la Generalitat es una pérdida del autogobierno.