Hachazos europeos al bienestar (2)

El Ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, asegura que no habrá transferencia de deuda de unos países a otros de la eurozona, ni tampoco apoyo ilimitado a los países torpes. Este lunes, Schäudle explica claramente en Die Spiegel que todos los mecanismos de ayuda establecidos hasta ahora para salvar a Grecia, Irlanda y Portugal –los países rescatados– “están sujetos a las más estrictas condiciones”. Y efectivamente, los recortes de todo tipo que otros miembros del euro están aplicando para contener el gasto parecen una broma al lado de las medidas impuestas a los socios intervenidos.

Subidas de impuestos de dos dígitos, drástica reducción de salarios públicos, supresión de subsidios o pagas extra y fusión de municipios son algunas de las medidas que prácticamente han supuesto el ‘cierre’ de los países así como la pérdida de la autonomía económica. Aun así, en Europa, hay a quien sabe a poco todas estas contrapartidas y exige la entrega de la soberanía a cambio de la inyección económica.

El doble rescate griego

La historia de Grecia y el euro empezó con mal pie. El Gobierno helénico falseó datos macroeconómicos para cumplir con los requisitos del tratado de Maastricht. El hecho es que el país que, según varios economistas, nunca debió formar parte de le moneda única la ha puesto al borde del precipicio en más de una ocasión desde 2010.

Rescatada por partida doble, en mayo de 2010 y en julio de 2011 –aunque estos últimos acuerdos aun deben aplicarse–, Grecia debe el 143% de su PIB, peso insoportable para la atónita economía nacional, basada sustancialmente en el turismo. Estos dos rescates han venido acompañados de fuertes recortes sociales que han provocado una veintena de huelgas generales como reacción a la dureza de los tijeretazos.

La eurozona exige que se tomen medidas contundentes contra la evasión de impuestos y que se acote la corrupción: en plena intervención se supo que miles de familias cobraban pensiones de familiares muertos.

En concreto y hasta ahora, se ha subido la jubilación dos años hasta los 63,5 años, se han recortado los salarios públicos en un 20% de media, se han congelado las pensiones y se ha subido 10 puntos el IVA hasta el 23%. Por otro lado, el número de municipios se ha reducido en dos terceras partes y sólo han sobrevivido los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, que concentran los servicios de las poblaciones menores. El Estado griego deberá privatizar 50.000 millones en activos públicos.

Irlanda, la mayor deuda privada

El hundimiento económico irlandés tiene su explicación en los bancos, ahora nacionalizados, que alimentaron el crecimiento de la deuda privada hasta cotas del 300% del PIB. La deuda pública es, sin embargo, sensiblemente inferior a la griega y alcanza el 96% del PIB, eso sí, tras inyectar 46.000 millones en su sistema financiero.

Las medidas de choque que se han impuesto a Irlanda siguen el mismo patrón que las diseñadas para Grecia, pero sin llegar a sus extremos de dureza. De esta manera, el sueldo de los funcionarios se ha recortado un 5% de media, aunque se han despedido a prácticamente 30.000 trabajadores públicos. También se ha subido el IVA y se han suprimido ayudas, como las becas universitarias y las prestaciones por desempleo. Como en Grecia y en otros países del euro, la edad de jubilación se ha retrasado en dos años. En este caso, queda fijada en los 68 años.

Portugal, 10 años estancada

La economía lusa observaba desde el práctico estancamiento de una década como la deuda de hogares y empresas y la del propio estado se disparaba. El protagonista del tercer rescate internacional ha necesitado 78.000 millones para evitar la insolvencia y una hecatombe en toda la zona del euro debido a la exposición de la gran banca del continente, con la española a la cabeza, a las obligaciones lusas. Los portugueses deben el 240% de su PIB mientras que la deuda pública escala hasta el 92%.

El nuevo primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, ha reducido las prestaciones por desempleo, ha suprimido la paga extra de Navidad, ha paralizado grandes proyectos de obra pública –como el AVE a España– y ha subido el IVA de gas y luz del 5% al 23%. Portugal también deberá desprenderse de sus activos más valiosos, en este caso la compañía aérea TAP, suculenta no por su cuenta de resultados, sino por su presencia en Brasil, y la eléctrica EDP.