El núcleo duro de Urbar deja sin margen a los minoritarios

Se presagiaba tormentosa la junta de accionistas de Urbar por la tensión que en los últimos meses se había generado entre los dos grupos que habían entrado en disputa por el control de la compañía, pero al final no llegó la sangre al río.

Tanto el vicepresidente, José Enrique Gómez Gil, como el consejero Francisco Deirós, que controlan Urbar a través de sus sociedades CIESA e Inversiones Ribera del Tajo, respectivamente, manejando directa e indirectamente el 36,5% de la compañía, no dejaron resquicio alguno a que salieran adelante las propuestas llevadas a la junta por parte del grupo de accionistas minoritarios, encabezado por el ex presidente de la compañía, Rafael Salama Falabella, que ostenta el 23,7%.

Propuestas en saco roto

Entre esas propuestas figuraban, a petición de Tocolce –la empresa controlada por Salama Falabella–, que se diera cuenta del estado de la refinanciación, del plan detallado de tesorería para los próximos seis meses y de la intervención directa de los miembros de consejo en la contratación de los negocios que se están intentando cerrar en Guinea Ecuatorial.

«Todo quedó resuelto sin dar excesivas explicaciones y con una falta total de consideración hacia los minoritarios», apunta un portavoz de estos accionistas. Los que también se quejan de que, ante la propuesta de cese de los consejeros, «estos, en lugar de abstenerse, han votado en contra de su dimisión», apunta la misma fuente.

Quejas y venta de deuda

A la salida de la junta, los accionistas minoritarios se quejaban de que Urbar había facilitado la información requerida unas horas antes de la celebración del acto, impidiendo tener un conocimiento más aproximado de lo que está sucediendo en la empresa.

A partir de aquí, habrá que ver las consecuencias que tiene el hecho de que dos tenedores de deuda de Urbar hayan decidido vender. El principal, Yakan XXI, que se va a deshacer del 40% del algo más de millón de euros adquirido. Lo mismo hará el Banco Santander, una de las tres entidades financieras, junto a Kutxa y Bankinter, que no se sumaron al acuerdo de refinanciación apoyado por el 60% de los acreedores, con el Popular a la cabeza.

Urbar mantiene una deuda de 386.000 con la entidad presidida por Ana Patricia Botín. En el caso de Kutxa tiene su deuda, de casi 600.000 euros, garantizada por activos hipotecarios, y la de Bankinter se limita a menos de 50.000 euros.