El Gobierno busca paliar el fracaso del Fondo Social de Viviendas ante las elecciones

A tres meses de las elecciones generales, el Gobierno ha embarcado a las entidades financieras en la activación del Fondo Social de Viviendas (FSV). Creado en enero de 2013, con la aportación de casi 6.000 viviendas, el fondo no ha logrado conseguir los objetivos previstos, y apenas había conseguido que la mitad de estas viviendas fueran alquiladas.

Con las 3.974 nuevas viviendas que los bancos pondrán a disposición serán unas 6.300 las que estarán disponibles, descontadas las que en estos tres años ya se han alquilado. Y no solo para los iniciales potenciales solicitantes, que hubieran  perdido su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por impago de un préstamo hipotecario, o familias que no tuvieran capacidad para pagar el alquiler. También podrán acogerse al FSV mayores de 60 años y matrimonios o parejas de hecho sin hijos.

Desalojos por impagos no hipotecarios

El nuevo convenio, firmado entre el Gobierno y 29 entidades financieras, prevé además que al menos el 5% de las viviendas del FSV se destinen a personas desalojadas de su vivienda por impago de préstamos no hipotecarios.

En mayo de 2014, ante el poco éxito de la operación, se acordó ampliar el ámbito de aplicación del Fondo para dar cabida a un mayor número de familias sin capacidad para afrontar el pago de un alquiler en régimen de mercado.

Con esta modificación se abrió la posibilidad de que las familias se mantuvieran en la vivienda que habitaban aunque la hubieran perdido por una ejecución forzosa y aun después de que hubiera sido adjudicada. También se recogió esta opción para las daciones en pago.

Malas ubicaciones

Igualmente, se incluyó a familias con hijos de hasta 18 años (hasta entonces el límite estaba en 3 años); dependientes o discapacitados (se eliminó el mínimo del 33% de discapacidad); prejubilados o jubilados que hubieran avalado con sus viviendas a sus hijos o nietos  y otras personas en situación no tipificada pero que así lo aconsejen los servicios sociales.

Para comprobar que la medida no es puro electoralismo, habrá que ver cómo son las nuevas viviendas que las entidades financieras aportarán al fondo, ya que una de las razones del escaso éxito tenido por el fondo, además de los 400 euros que se pueden llegar a pagar de renta, es que la ubicación de los inmuebles estaba, en muchos casos, lejos de los núcleos urbanos.