El Estado ignora los bienes patrimoniales que posee

El descontrol sobre los bienes que atesora el Estado es mayúsculo. Esa es la principal conclusión a la que ha llegado el Tribunal de Cuentas tras entregar el informe de Fiscalización de la gestión y control contables del inmovilizado material de la Administración General del Estado.

Existen inmuebles sobre los que no se ha actualizado su valoración en los últimos 30 años y también se desconoce, como sucede en el Ministerio de Fomento, el número de inmuebles que forman su patrimonio.

El informe, referente al ejercicio 2013, ha fiscalizado los bienes de la Dirección General del Patrimonio del Estado y los de los Ministerios de Agricultura, Empleo, Fomento y Sanidad.

Inmuebles sin actualizar

En el caso de Patrimonio del Estado, el Tribunal de Cuentas reconoce el brutal desfase existente, debido a que, en los últimos casi 30 años no se han actualizado los valores correspondientes a 10.738 inmuebles de los 15.458 que fueron cargados en el sistema de bienes CIMA, «a pesar de los incrementos de valoración que ha experimentado el mercado inmobiliario desde 1987», resalta el informe.

Las consecuencias de esta falta de actualización de los valores de tasación de los inmuebles incluidos en la actual Central de Información de Bienes Inventariables del Estado (CIBI), «afecta directamente a la representatividad de los saldos del Inmovilizado material de la AGE», subraya el Tribunal de Cuentas.

Valorados a cero

De los 49.460 bienes que en marzo estaban dados de alta en CIBI, más de 7.000 tenían valores «inferiores o iguales a un euro», a pesar de que casi 4.000 disponían de tasación y valores catastrales conjuntos de casi 4.150 millones de euros. En el balance de la Administración General del Estado, su valor contable es de solo 4.724 euros.

El informe resalta especialmente la dejadez que existe en los ministerios analizados. «Ninguno de los inventarios incluye el valor de adquisición de los bienes, así como tampoco, en su caso, el valor de las obras realizadas con posterioridad», critica.

Aplicaciones informáticas sin mantenimiento

«En general –se resalta en el informe– la llevanza de los múltiples inventarios existentes se realiza mediante aplicaciones informáticas de Office (Excel y Access). En algunos casos se utiliza soporte papel y en otros se utilizan aplicaciones informáticas adquiridas de terceros, si bien, la mayoría de ellas han dejado de ser mantenidas por la desaparición de la empresa propietaria del software».

El informe resulta especialmente crítico con el Ministerio de Fomento, que dirige Ana Pastor, que no tiene inventariadas ni las viviendas ni los terrenos expropiados. Como alegaciones a esta situación, el director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo, Juan Van-Halen, remitía un escrito al Tribunal de Cuentas en el que señalaba que disponía de un inventario desde marzo de 2011, «que no es completo porque su realización entraña gran complejidad al proceder los inmuebles de diversos organismos que se fueron sucediendo en el tiempo».

Desconocimiento total

Un total, de 18, apunta Van-Halen, «fundamentalmente del extinguido Instituto Nacional de la Vivienda y la Comisión Nacional Liquidadora de Regiones Devastadas». «No existen ni listados ni relación alguna que permita determinar el número, tipología y ubicación de los inmuebles que constituían dicho patrimonio», asegura el director general. Un problema que, posteriormente, se ha complicado todavía más con la asunción de competencias en materia de vivienda por parte de las comunidades autónomas.

El informe señala que no parece razonable realizar una nueva valoración general de estos bienes, dados los recursos que deberían destinarse, aunque sí considera conveniente llevar a cabo una serie de actuaciones de mejora.

Sugerencias de mejora

Entre ellas, la revisión de los valores catastrales de inmuebles valorados entre 0 y 1 euro, a efectos de su consideración en la contabilidad patrimonial de la Administración del Estado, o identificar aquellos bienes procedentes de la carga inicial, realizada hace casi tres décadas, cuyo valor en el inventario presente un mayor riesgo de estar desactualizado, y verificar si en su determinación se siguieron criterios adecuados para obtener un valor razonable.

En el informe del Tribunal de Cuentas, las distintas cuentas presupuestarias en las que, en el ejercicio 2013, se repartía el inmovilizado material del Estado, daban un valor contable de casi 14.000 millones de euros, entre construcciones y terrenos.