Bancos y fondos buitre pasan de pagar deliberadamente las cuotas de sus pisos

Ya lo dice el refrán: en casa de herrero, cuchillo de palo. El empeño que ponen las entidades financieras en perseguir a los clientes para que paguen los vencimientos hipotecarios, se relaja enormemente cuándo, una vez que se han quedado con las viviendas, deben ser ellos los que, como todo hijo de vecino, deben pagar las cuotas de las comunidades de propietarios.

Y no se trata de una cosa puntual, de mero ajuste mientras se sustancia el cambio registral de la propiedad, sino que es una estrategia evidente de no pagar de manera deliberada. «Todo es muy confuso porque los bancos no suelen registrar la titularidad del inmuebles hasta el momento en que se efectúa la transmisión a un tercero», señala Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (Cgafe).

Sistemático retraso

Con todo, los datos no dejan lugar a dudas. Las entidades financieras siguen adjudicándose inmuebles y su comportamiento, en cuanto a los pagos de las cuotas de comunidad, se caracteriza por el sistemático retraso, atendiendo estos pagos cuando es necesario para la transmisión del inmueble a terceros o, en su caso, son objeto de reclamación de pago por parte de las comunidades.

La voz de alarma salta cuando las cuotas de una determinada vivienda se dejan de pagar. «El administrador suele ir al registro a comprobar si ha habido un cambio de titularidad y, al ver que no, es cuando se pone sobre la pista de que es una entidad financiera la nueva propietaria del inmueble», apunta Díez.

Vender cuanto antes

La estrategia de los bancos y de otras sociedades inmobiliarias o fondos de inversión que, en los últimos años, se han quedado con grandes paquetes de casas, pasa por vender estas cuanto antes, sin importarles lo más mínimo el día a día de las comunidades de propietarios.

Sareb, el banco malo propietario de decenas de miles de viviendas, no debe nada. En 2014 abonaron 49 millones de euros por este concepto. «Nuestras entidades cedentes y servicers tienen indicación de tenerlo todo al día», apuntan desde la sociedad presidida por Jaime Echegoyen.

Deuda acumulada sin parar

El problema con los impagos se acrecienta cuando la venta se demora y la deuda se va acumulando cada mes. «En algunos casos, en viviendas de segunda mano y mal situadas, existen impagos de hasta 2.000 o 3.000 euros. Si están en zonas céntricas acaban vendiéndolas antes y la deuda no llega a ser tan alta», explica el presidente del Cgafe. Con todo, a finales de 2014 eran ya más de 445 millones el importe de lo adeudado por bancos y otras sociedades a comunidades vecinales.

Este hecho da pie a Salvador Díez a mostrarse convencido de que, a pesar de los lanzamientos realizados en 2014, cada vez son menos las viviendas morosas en manos de entidades financieras, pero el importe se eleva de manera exponencial por culpa de esa «morosidad endémica» que en algunos casos se está produciendo.

En 2014 se produjeron 68.091 lanzamientos –de vivienda y de otros inmuebles– y se iniciaron 80.749 procesos de ejecución hipotecaria, de los que, en este caso sí, 34.680 lo fueron sobre vivienda habitual.

1.855 millones impagados

La cuarta entrega del Estudio Global sobre la morosidad en las Comunidades de Propietarios, elaborado por el Observatorio de las Comunidades de Propietarios a través de encuestas contestadas por los administradores de fincas colegiados y presidentes de comunidades, pone encima de la mesa el dato de que los impagos soportados por las comunidades de propietarios se situaban en 1.855 millones de euros al finalizar 2014, un 3,15%.

Junto a bancos y sociedades inmobiliarios, los morosos mayoritarios son los que no pueden pagar por problemas económicos, que en 2014 representaban el 51% del total. Y existe otro grupo, al que el informe encuadra como ‘morosos intencionales o profesionales’, los que pudiendo pagar no lo hacen, se sitúan en el 25% en 2014, frente al 35% de 2013.

Con esta brutal morosidad se incrementa sobremanera, como alerta el Observatorio, se incrementa sobremanera la presión sobre la liquidez de los comuneros. El 41% no podrían asumir ningún coste extraordinario relacionado con las derramas para la rehabilitación. En comunidades autónomas como Andalucía, Canarias y Murcia, más de la mitad de las fincas se ven en la tesitura de no poder pagar cualquier aporte extraordinario que se tercie para abordar reformas.