Rajoy traslada a las autonomías todo el peso de los nuevos recortes

Las comunidades autónomas son las administraciones más castigadas por la crisis económica. ¿Se lo merecen? Han gastado, han invertido también en proyectos cuestionables, pero proporcionan los principales servicios públicos a los ciudadanos.

De los gobiernos autonómicos depende la sanidad, la educación y los servicios sociales. Pero el Gobierno central, que preside el popular Mariano Rajoy, ha decidido cargar todo el peso de la reducción del déficit en las autonomías.

Es lo que piden algunos círculos políticos y empresariales de Madrid, y el PP ha hecho suya esa demanda. Políticamente es rentable, porque las peticiones de las autonomías siempre han sido lideradas por Catalunya, y el PP desea ofrecer una imagen de firmeza frente al nacionalismo catalán, justo ahora, cuando han cobrado fuerza las reivindicaciones independentistas y que se traducirán en votos este domingo.

Todos cumplidores

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, exhibió este miércoles las cifras de la administración central. Y las mostró con cierto orgullo, porque el Gobierno está cumpliendo los deberes que él mismo se exigió.

En octubre, la administración central presenta un déficit del 3,92% del PIB, por debajo del objetivo conjunto para 2012, si se cuenta también la Seguridad Social, que es del 4,5%.

Para Montoro, el Gobierno cumple. ¿Y las comunidades autónomas? Eso es otra cosa, pero el PP admite que los gobiernos autonómicos están también respetando los objetivos de déficit. ¿Pero, se han establecido de forma proporcional?

Las revisiones

En 2012, el objetivo inicial de déficit, marcado por la Comisión Europea, era del 5,3%. La administración central debía cumplir con el 3,5%, junto con la Seguridad Social; las corporaciones locales, el 0,3%, y las autonomías el 1,5%.

Ante la imposibilidad de cumplir ese objetivo, la Comisión Europea aceptó una revisión. Y pasó el déficit del 5,3% al 6,3%. Pero todo quedó igual para el resto de administraciones públicas, salvo para la administración central, que podía pasar del 3,5% al 4,5%.

Eso supone que las autonomías deberán asumir este año el 54,5% del esfuerzo en el ajuste; por el 11,76% del esfuerzo de la administración central, y el 25% de las corporaciones locales, a partir de los datos del Plan Presupuestario 2013-2014 elaborado por el Ministerio de Hacienda.

Más esfuerzos

Pero los ajustes seguirán. Para 2013, tras otra revisión de la Comisión Europea en el mes de julio, las comunidades autónomas soportarán el 53,3% del esfuerzo de todas las administraciones, y en 2014 ese esfuerzo representará el 85,7% de todo el conjunto de las administraciones públicas.

En 2013, los gobiernos autonómicos deberán reducir el déficit del 1,5% de 2012, al 0,7%. Y en 2014 del 0,7% al 0,1%. La administración central, en cambio, deberá reducirlo del 4,5% en 2012 al 3,8%, y de este porcentaje al 2,7% en 2014.

Y el caso es que las competencias que suponen más gasto social están en manos de los gobiernos autonómicos.

¿Se trata de una decisión encaminada a ahogar a los gobiernos autonómicos con el objetivo de recentralizar todo el Estado, o de una mala gestión por parte del Ministerio de Hacienda?

Los objetivos

Algunos gobiernos autonómicos, como Catalunya, que acaba liderando todas las salidas que, después, asume el resto de comunidades, sostienen que los objetivos de déficit del Gobierno del PP vulneran, en realidad, la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Resulta que la ley sitúa en el 2020 la exigencia de que ninguna comunidad pueda incurrir en el llamado déficit estructural, que se diferencia del déficit cíclico.

Y señala que la reduccción global del déficit estructural deberá repartirse entre las cuatro administraciones –administración central, gobiernos autónomos, corporaciones locales y Seguridad Social– de forma “proporcional” a los porcentajes de déficit estructural que existían a 1 de enero de 2012.

El gobierno central, relajado

Con los objetivos que se han marcado, la previsión es que las autonomías cumplan ese déficit estructural entre 2014 y 2015, y no en 2020 como permite la ley. El resto de administraciones, en concreto la administración central, tendrá mucho más margen. Es decir, el propio Ministerio de Hacienda entra en contradicción con la propia ley que impulsó.

Ese ahogo autonómico, que obligará a Catalunya, por ejemplo, a realizar un nuevo ajuste en 2013 de unos 1.600 millones de euros, explica en buena medida la reacción política, en clave soberanista, que vive esta autonomía.

Posible concesión

En febrero la Comisión Europea podría revisar, de nuevo, los objetivos de déficit para el conjunto de España en 2013 y 2014. El Gobierno catalán ha planteado ya que, si a España se le permite pasar del 4,5% de déficit al 6%, las comunidades puedan también pasar del 0,7% al 2%.

¿Por qué ese porcentaje? La respuesta es que ese 2% es un tercio del 6%, y es que las comunidades se hacen cargo del tercio del gasto público en España.

Eso sería proporcional.