¿Puede España generar tres millones de empleos?

El presidente del Gobierno lo ha vuelto a pronosticar. Mariano Rajoy, como en su momento Felipe González, anuncia nuevos puestos de trabajo, hasta tres millones más. Sabe que la mejora de la situación económica es su única salvación. Pero, aunque hay duros reproches sobre las condiciones de esos nuevos empleos, también hay problemas sobre la propia demografía española.

Rajoy se basa en los informes que está elaborando con un cierto optimismo –siempre es necesario porque la economía tiene un alto componente psicológico—el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC). Empresas como Telefónica, o el BBVA o el Santander, con sus serios e importantes equipos de estudio, presentes en ese Consejo, quieren alentar la economía con planes de reforma, que incidan en un incipiente nuevo ciclo económico favorable.

Empleo sumergido, el 1% del PIB

Sólo con una lucha mayor y decidida contra el fraude fiscal se podría aflorar «más de 800.000 empleos con una recaudación adicional del 1% del PIB», según el CEC. El perfil de ese trabajador sumergido corresponde con un joven desempleado, que tiene una percepción menor de ser detectado. El 80% de empleo sumergido se produce en empresas de menos de 5 empleados. Una de las soluciones, según el CEC, es que se incentive una mayor dimensión de las empresas. El fraude laboral en España es el doble que el promedio en países como Alemania, Francia u Holanda.

El secretario general del CEC, el economista Fernando Casado, insiste en que el objetivo es «limar las diferencias con los países europeos, acercarnos en todas las magnitudes», y eso implica el fraude fiscal, la dimensión de la empresa, la educación media, la formación profesional y la cultura del ahorro.

Más cotizantes para garantizar el estado de bienestar

Rajoy lo apuntó este sábado, en una jornada de reflexión sobre las elecciones andaluzas que no fue tal. Desde Valencia, y con la vista puesta en lo que ocurra este domingo en Andalucía, reclamó un mayor reconocimiento para el Gobierno. 

El objetivo, aseguró, es que en cuatro años España tenga «20 millones de empleos», una cifra similar a la que apunta el CEC para 2018. Ahora, los cotizantes en la Seguridad Social no llegan a 17 millones, en concreto, y tras el último registro del mes de febrero, son 16.677.220 trabajadores.

En eso está también el PSOE, y su líder, Pedro Sánchez, y el resto de partidos. La cuestión es cómo pueden acordar planes a medio plazo que vayan en ese dirección. Con la emergencia de nuevos líderes, como Pablo Iglesias o Albert Rivera, los acuerdos serán obligados si se desea lograr la estabilidad política, necesaria para planes económicos concretos, como ocurrió con los Pactos de la Moncloa en la Transición.

Abuso de contratos temporales

El catedrático de Estructura Económica, Santiago Niño Becerra, apunta que los nuevos trabajos que se crean se deberían observar con lupa, porque la letra pequeña no casa con la versión oficial.

«En España se están repartiendo horas de trabajo: trabajan más personas pero no más horas. Se está cambiando empleo a tiempo completo e indefinido por empleo a tiempo parcial y temporal, la realidad es esa. Si vamos a los límites de la estadística y generalizamos la norma de que la persona que ha trabajado una hora la semana anterior al realizar el cálculo del paro está trabajando, y se generalizan los contratos a tiempo parcial y temporales, puede que salgan esos números: el 40% de los contratos temporales realizados en el 2014 tuvieron una duración inferior a un mes».

Poca población activa

La aseveración de Niño Becerra es dura. Añade, además, otra cuestión. «Lo del empleo en negro, perfecto, que se persiga y que aflore, aunque habrá empresas que tendrán que cerrar porque sólo son rentables funcionando de esa forma. Pero si aflora, entonces que se contabilice el subempleo forzoso: entre el 12% y el 14% de la población ocupada».

Pero, ¿qué ocurre con la demografía? La directora del departamento de Derecho Privado (Derecho del Trabajo) de Esade, Esther Sánchez, ve algunos puntos oscuros. Sánchez fue, en el primer gobierno de Artur Mas, en 2010, la secretaria de Ocupación y Relaciones Laborales de la Generalitat. «A corto, medio y largo plazo, es imprescindible preservar una proporción holgada entre los que trabajan (o pueden hacerlo) y los que no trabajan y perciben prestaciones», asegura en un reciente trabajo.

Y es que, efectivamente, es necesario y urgente ampliar la base de cotizantes a la Seguridad Social, pero si es a base de empleos de baja calidad, que aporten pocos recursos, tanto al propio trabajador como a las arcas públicas, poco se podrá solucionar en España. El CEC va en esa dirección, en aprovechar la coyuntura para revolucionar la estructura productiva de España. ¿Pero en cuatro años?

Envejecimiento progresivo

Sánchez constata que sólo el 59,53% de la población española se declara activa. El «sostenimiento» del sistema de bienestar recae sobre poco más de la mitad de la población. Y el 23,67% de ella, de la que está en activo, está en situación de desempleo.

El gran problema, y de ello no habla Rajoy ni ningún responsable político, es que si se analiza el factor «edad», como ha estudiado Sánchez, se comprueba que la mayor parte de la población que ahora está en pleno rendimiento «pasará masivamente a engrosar la población inactiva, sin que los jóvenes en edad de trabajar puedan compensar aquel flujo de salida de la actividad laboral por jubilación». Es decir, la población activa sufre un proceso de envejecimiento superior al de la población en su conjunto.

Falta concretar los planes de reformas

Las grandes empresas, que forman parte del CEC, insisten en que es posible que el paro se reduzca al 11,5% en 2018. Sólo la inercia del ciclo económico –a Rajoy le ha tocado un final de legislatura afortunado por la bajada del precio del petróleo y la devaluación del euro—aportaría una reducción de 5,2 puntos.

El director de estudios de Foment, Salvador Guillermo, aplaude ese interés del CEC en «aprovechar la coyuntura para ver qué reformas pueden favorecer un mayor crecimiento». Pero constata también que concretar esas grandes pretensiones, en diferentes áreas, «es mucho más complejo, y por ahora no se ha hecho».

Lo que nadie pone en duda es que, efectivamente, España debería tener sobre unos 20 millones de personas cotizando en la Seguridad Social.