Méndez y Gayoso: desacuerdo hasta para pagar el informe de la fusión
Caixa Galicia y Caixanova iban a costear el estudio de KPMG sobre la fusión, pero la Xunta lo pagó tras las "discrepancias" entre ambas cajas
Que José Luis Méndez (Caixa Galicia) y Julio Fernández Gayoso (Caixanova) eran enemigos íntimos resulta ya un lugar común en la historia de las frustradas cajas gallegas. Pero que sus diferencias llegaron hasta el último minuto, e incluso se constataron hasta para costear el estudio de la fusión de ambas cajas trasciende ahora, casi diez años después.
Las desaparecidas cajas de ahorros gallegas habían acordado «inicialmente» con la Xunta que costearían el estudio que KMPG hizo sobre la fusión, pero las «discrepancias» surgidas durante el proceso llevaron a que el Gobierno autonómico se hiciese cargo del pago, el cual ascendió a un montante de un millón de euros. Así se recoge en la «Memoria de la necesidad de contratación externa para la elaboración de sendas due diligences en las cajas de ahorros gallegas», que realizó la Consellería de Facenda con fecha de 29 de diciembre de 2009 a modo de carta de encargo sobre el estudio a realizar por KPMG.
El proceso
El diputado de En Marea Antón Sánchez presentó recientemente una demanda por «vulneración» de sus derechos parlamentarios ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en relación con la negativa de la Xunta a aportar determinada documentación sobre la fusión. En una contestación con fecha del pasado 23 de noviembre al requerimiento del TSXG, la Xunta da por satisfecha la remisión de información. Sin embargo, el diputado afirma que no se envió toda la documentación prevista y seguirá adelante con la actuación judicial.
Entre esta documentación que el Gobierno gallego ha enviado se encuentra la memoria de la contratación del trabajo de KPMG, en la que se asegura que esas «discrepancias» hicieron «aconsejable que el planteamiento formal se realizase como una inspección de la Xunta» a cargo de fondos autonómicos. Las antiguas cajas de ahorro gallegas (Caixa Galicia y Caixanova) atravesaron un proceso que consistió en su fusión (Novacaixagalicia), bancarización y nacionalización (Novagalicia Banco) y posterior privatización y venta a un grupo venezolano, que desembocó en la entidad resultante Abanca.
El encargo a KPMG
La elección de KPMG, asegura el Gobierno gallego, se debió a que era la única gran auditora no implicada en informes anteriores con ninguna de las dos cajas de ahorros. Además, tenía experiencia en procesos similares y contaba con un sistema predictivo validado por el Banco de España. Toda vez que Ernst & Young «no tenía experiencia en este tipo de actuaciones».
La Xunta apuntaba en la memoria de 2009 que la decisión de contratación estaba condicionada por tres cuestiones: «La urgencia, sino emergencia», para efectuarse el procedimiento debido al plazo para acogerse a ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB); «la inexistencia de otras entidades» a las que encargar el trabajo; así como «el cambio de procedimiento desde el inicial de asunción de la contratación y pago por las cajas de ahorros al de realización de una inspección de la Xunta».
Las vueltas de la «due diligence»
En mayo de este año, en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso, Fracesc Gibert, uno de los autores del informe encargado en diciembre de 2009 por la Xunta a la auditora KPMG, manifestó que este documento no constituía una auditoría ni tampoco una recomendación sobre si era conveniente o no realizar la fusión, sino que analizaba la situación de las entidades ante ese escenario de fusión.
En la propuesta de servicios profesionales entregada por KPMG en diciembre de 2009 se dejaba claro que su trabajo iba a ser un «diagnóstico acelerado» sobre la viabilidad de la operación. Afirmaba que los análisis a realizar «serán preliminares» y no «en detalle». También explicaba la auditora que no se encargaría, por ejemplo, de «tasaciones de activos fijos» de las entidades, sino que su trabajo se basó «fundamentalmente en información proporcionada por la dirección de las entidades».
En 2013, los dos miembros de la auditora KPMG que coordinaron el informe realizado en diciembre de 2009 a petición de la Xunta, Carlos Trevijano y Francisco Gibert, comparecieron en el Parlamento gallego, donde ratificaron que lo que se hizo no fue una auditoría, ya que la información de las cajas se tomó de las fuentes sin proceder a una verificación.
El coste y el pago del informe
En la memoria de la Xunta de 2009 se desgranaba el coste de elaboración del informe, que fue fijado en una cantidad global que ascendió a 1.034.591 euros a abonar en dos anualidades. El total de los honorarios fue de 837.000 euros, a los que se sumaban 54.889 euros por el concepto de ‘gastos generales y otros gastos’, así como 142.702 euros por IVA. El 80% se abonó en 2009 y el 20% restante en 2010.
Para la financiación del coste, la Xunta disponía de un importe de 451.978 euros de crédito en concepto de ‘asesoramiento en materia financiera’, pero para el importe restante de la anualidad de 2009 se recurrió a una transferencia de crédito de 375.695 euros del programa de ‘imprevistos y funciones no clasificadas’.
