Más de 124.000 firmas contra las comisiones "abusivas" de Abanca

Sucedió en la oficina central de Abanca en A Coruña. Dos personas, Manuel Pérez Arias –el presidente de la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios— e Isabel Vilalba – secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego— entraron en la sucursal portando dos cajas para entregárselas a la entidad financiera como muestra de rechazo a las “comisiones abusivas” que cobra a sus clientes.

Fue una vecina de Vilariño (Cangas), Yolanda López, la que reunió 124.263 firmas contra la política de comisiones del banco de Juan Carlos Escotet a través de una petición de Change.org. Acouga aprovechó el acto para llamar a los clientes de Abanca para que reclamen la devolución del dinero que se les está cobrando desde el pasado mes de junio.

Una vía de reclamación abierta

«Si hablamos de 50 euros por 124.000 personas estamos hablando de un montón de millones de euros», dijo Pérez Arias, quien calificó de “siniestra” la postura de la entidad por devolver las comisiones solo al que reclama. “Yo realizo el cobro; a quién reclama, me disculpo y la devuelvo, y a quién no, dinero en el bolsillo», censuró.

Acouga, que reconoce que no es un problema “exclusivo” de Abanca sino de “todo el sector bancario”, activó hace dos meses una vía de reclamación ante el servicio de atención al cliente de Abanca como medio de solución de conflictos previo a una posible reclamación judicial o ante el Banco de España. Este miércoles invitó de nuevo a los clientes a adherirse a la iniciativa.

Cuando Abanca es el único banco

Isabel Vilalba, por su parte, advirtió el especial impacto que tiene la política de comisiones de Abanca en el rural: «Nos sentimos especialmente afectados porque en muchas zonas del rural es la única alternativa porque la única entidad bancaria es Abanca«, explicó la secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego.

Según Vilalba, los afectados del rural se sienten «indefensos y secuestrados» ante el cobro de comisiones que, apunta, «son arbitrarias». Además, entiende que la respuesta ante la campaña de Change.org es «síntoma de que existe una preocupación social».

«El sistema es abusivo porque dan por contratado un servicio que no se contrató, que no está pactado», criticó la secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego, que afirma que la cantidad «no está justificada». «Es necesario que haya más garantías para los consumidores», reclamó.