Los grandes bufetes rechazaron la causa de Orcel contra el Santander
Fuentes jurídicas dan por seguro ganador del conflicto mercantil al banquero italiano, un hombre poco proclive a los pactos
Casi seis meses ha tardado Andrea Orcel en presentar una demanda contra Banco Santander desde que realizara el anuncio a mediados del mes de enero. Entonces, nada más conocer que la entidad presidida por Ana Botín había dado marcha atrás en su decisión de nombrarlo consejero delegado del grupo en sustitución de José Antonio Álvarez, el banquero italiano fue claro: “No soy de los que dejan pasar las cosas si creo que lo que se ha hecho no es correcto”.
¿Por qué tanto tiempo? Porque Orcel no ha encontrado aliados en los grandes bufetes españoles de abogados y ha tenido que buscar en los llamados “bufetes boutique”, mucho más pequeños y muy especializados en litigios mercantiles. La razón es bien sencilla: los grandes despachos como Uría Menéndez, Garrigues, Sagardoy y Cuatrecasas trabajan con Banco Santander desde hace años, por lo que estaban “apartados” de este contencioso por un simple conflicto de intereses.
Esta circunstancia puede que acabe encumbrando al despacho De Carlos Remón, un pequeño bufete muy especializado en litigios mercantiles, cuyas cabezas visibles son José Manuel de Carlos y Álvaro Remón. Un bufete que no tiene conflictos de intereses con la banca y que se ha centrado en operaciones mercantiles complejas, que puedan afianzar su fama. Las fuentes jurídicas consultadas están convencidas de que a Andrea Orcel le asiste la razón. Otra cosa bien distinta será que acabe sentándose en el sillón de consejero delegado que Botín le ofreció el 25 de septiembre de 2018.
Los grandes despachos de abogados trabajan todos de oficio para Banco Santander y tiene conflicto de intereses
Para el estamento judicial, el Santander ha incumplido claramente un precontrato y al hacerlo ha generado unos derechos al banquero de UBS. No hay muchos caminos para resolver el conflicto generado: o Banco Santander contrata con las condiciones estipuladas en septiembre de 2018 a Andrea Orcel o le compensa económicamente. Orcel tiene derecho a un resarcimiento de los perjuicios económicos derivados de su no contratación, además de a una compensación por los daños morales y reputacionales causados.
Andrea Orcel ha dejado de percibir una importante retribución, además de las expectativas de mantener ésta durante muchos años, toda vez que tiene 56 años. Se desconoce si ha cobrado parte o todo del bonus diferido que le correspondía por sus años de trabajo en UBS. En su demanda, Orcel ha pedido 102 millones de euros, una cifra que, a priori, parece un disparate y que se corresponde con el doble de la prima de fichaje que tenía que pagar UBS o Santander y que, al final, fue el motivo de la marcha atrás en su nombramiento.
No hay antecedentes en la jurisprudencia mercantil para calcular cuál puede ser la compensación final que reciba el banquero, porque lo que se da por descontado es que Ana Botín no tiene intención alguna de reponerle en su “cargo” de consejero delegado. En la jurisprudencia laboral sí existen precedentes pero cada caso es un mundo diferente.
Lo único que hay que dirimir en los juzgados mercantiles de la Plaza de Castilla de Madrid es el precio de esta boutade. Y eso es imposible tasarlo. No hay baremos que puedan aplicarse. También se da por descontado que la cantidad será muy inferior a la solicitada por el demandante ya que puede seguir trabajando. Pero el dinero parece que no es lo más importante para alguien que lo tiene todo.
Orcel y el Santander, una cuestió de honor
Quienes conocen de cerca al banquero de inversión, el hombre de confianza de Emilo Botín, al que asesoró desde el año 2000 en operaciones como la compra de Abbey National Bank en Reino Unido, la demanda no es una cuestión de dinero. No lo necesita. Es mucho más importante. Está en juego su honor, su palabra y su reputación.
Orcel es un hombre muy orgulloso, que lo ha sido todo en la banca de inversión. Es poco proclive a los pactos y llevará el juicio hasta sus últimas consecuencias. Hasta obtener un resarcimiento moral. Porque pase lo que pase y dando por descontado que no volverá al Santander, sus próximos pasos estarán en la banca de inversión.
Tiene el apoyo de los fondos de inversión y de los inversores institucionales que controlan el 60% del capital del banco. Fueron los que recomendaron su fichaje. Veían en él la posibilidad de una desbotinización de la entidad en el momento que fuera oportuno.
La baza de Orcel para vencer al Santander (y viceversa)
La defensa del banco, encomendada al bufete Uría, despacho de cabecera de la entidad financiera, basará la defensa de su representado en que se trata de un precontrato que no se ha llevado a cabo finalmente y que, por lo tanto, no genera ningún derecho, por lo que no ha lugar compensación alguna. Alegará que el nombramiento, como es obligatorio en estos niveles de poder, no ha sido ratificado por la junta de accionistas.
Lo que no podrá alegar es que el nombramiento sí fue refrendado por el consejo de administración, como consta en el hecho relevante remitido a la CNMV el 25 de septiembre de 2018, en el que, en su segundo punto y a propuesta de la comisión de nombramientos, “se nombra a Andrea Orcel nuevo consejero delegado de Banco Santander en sustitución del Sr. Álvarez (se refiere a José Antonio Álvarez) y ocupando la vacante de D. Juan Miguel Villar Mir, quien abandonará el consejo de Banco Santander tras presentar su renuncia, una vez vencido su mandato”. Este acuerdo puede ser la clave de que hubo algo más formal que un simple precontrato entre las partes.
En ese mismo hecho relevante, Banco Santander se guarda un as en la manga, al incluir en el penúltimo párrafo que los nombramientos, de Orcel y del José Antonio Álvarez como presidente ejecutivo de Santander España y vicepresidente de Banco Santander “tendrán efecto una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes (incluidas las derivadas de las condiciones del actual empleo del Sr. Orcel) y, en todo caso, nunca antes del 1 de enero de 2019”.
¿La solución? En primera instancia, para el mes de octubre, dicen los expertos.