Los Cierco piden protección a Uría Menéndez por la crisis de BPA

Los grandes despachos de abogados han tardado una semana en subir al escenario de la crisis de Banca Privada de Andorra (BPA). La familia propietaria, los Cierco (60%), ha contratado al bufete madrileño Uría Menéndez con la finalidad de protegerse de las posibles consecuencias legales derivadas de los presuntos, numerosos y graves (según Estados Unidos) delitos cometidos en el seno de la entidad de crédito.

El encargo es doble. En lo que atañe a defender a los propietarios, la estrategia que se plantea es la de limitar las responsabilidades al cuadro directivo que estaba al tanto de las operaciones de blanqueo. Por ahora, ni siquiera los tentáculos del Tesoro estadounidense han encontrado indicios de que los hermanos Cierco presentes en el consejo, Higini y Ramon, estuvieran enterados de los trapicheos que inundaban la zona noble de BPA.

Espejismo

Diversas fuentes jurídicas consultadas creen que la posibilidad de que los Cierco salgan sin una mancha en el expediente es una ilusión que acabará desmoronándose. Y parece que ellos mismos son conscientes. Abogados especialistas en delitos financieros de una de las big four españolas analizan que el paso dado, el de contratar a un poderoso bufete, se anticipa a la posibilidad de que también se vean salpicados por el escándalo. «Como mínimo se les llamaría de testigos», asegura un especialista.

Si el panorama se complica, la familia se defenderá con el argumento de que lo sucedido en BPA se ampara desde una perspectiva legal. Durante los cuatro años que EEUU pone en duda, ningún organismo regulador, supervisor y ni siquiera la policía financiera andorrana habían detectado las pruebas que ahora han encontrando en un fin de semana. El sueño de los justos que han dormido los supervisores del Principado será el pilar de una hipotética defensa.

Segundo encargo

El segundo encargo de los accionistas mayoritarios de BPA al despacho de Uría Menéndez es menos prosaico. La misión activará a los letrados de la firma en Nueva York. El cometido será, en un primer momento, minimizar la multa que EEUU impondrá a BPA a través de diferentes administraciones. Temporalmente, es el trabajo que más urge ya que la sanción se definirá en mayo.

La cantidad con la que trabajan las autoridades americanas equivale a 340 millones de euros. El importe, probablemente, acabará rebajado; pero para atender la amonestación, el banco de los Cierco deberá vender activos. Si no hubiera bastante, las autoridades irían a por el patrimonio de los accionistas.

Cordón sanitario

La estrategia pasa por reducir todo lo posible el volumen de la multa, tanto como para que el banco pueda afrontarla con sus activos. La orden de los Cierco es extender un cordón sanitario alrededor de su patrimonio. Uría Meméndez, consultado por Economía Digital, ha declinado hacer comentarios «sobre clientes, actuales o futuros». Este diario no ha podido recabar la versión de los hermanos Cierco.