Las inmobiliarias acusan a la Generalitat de amparar a los okupas
La patronal inmobiliaria gallega ve “grave y peligroso” el decreto de la Generalitat para legalizar ocupaciones y teme que se extienda a Galicia
El pleno del Parlament de Cataluña aprobó la pasada semana un polémico decreto sobre vivienda que incorpora medidas que protegen las ocupaciones de inmuebles. La normativa obliga a los inversores a ceder la vivienda mediante un alquiler social a los okupas si llevan seis meses habitándola. Afecta a bancos, fondos de inversión u otras sociedades que tengan en propiedad una vivienda vacía, pero también a propietarios particulares si tienen 15 o más viviendas. La obligación de fijar un alquiler social con el okupa no se suspende aunque la sociedad propietaria haya denunciado la ocupación del inmueble.
La aprobación del decreto generó enorme desconsuelo en el sector financiero e inmobiliario, que lo perciben como un ataque a la propiedad privada y a la seguridad jurídica. La Generalitat no encontró consenso para poner en marcha una normativa que pretende facilitar el acceso a la vivienda sacando al mercado parque de vivienda vaía, aquella que está desocupada de forma permanente y sin causa justificada durante dos años. Paralelamente, también establece un mínimo del 40% de vivienda protegida para las nuevas promociones inmobiliarias.
Un decreto «grave y peligroso»
La preocupación por el decreto aprobado en Cataluña llegó también a Galicia. La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) expresó una “honda preocupación” por si este modelo se “exporta” a Galicia tras las elecciones autonómicas por parte de “partidos políticos afines”.
“Consideramos muy grave y peligroso el decreto validado y puede tener un efecto llamada, pues la ocupación de una vivienda en Cataluña no solo sale gratis, sino que además está protegida por las autoridades”, dice la patronal.
Para Fegein, este modelo sería especialmente peligroso en Galicia, la comunidad con “mayor porcentaje de viviendas vacías de España y con una parte de sus propietarios residiendo fuera de la comunidad”. “Pero puede convertirse en realidad en los próximos meses dependiendo del resultado electoral”, insisten.
Como ya hiciera respecto a la regulación del alquiler, la patronal advierte de las “gravísimas consecuencias económicas, laborales y sociales de intervenir el mercado de la vivienda en España”. “Provocar inseguridad jurídica únicamente espoleará la especulación y los precios y aumentará la desigualdad social, favoreciendo la fuga de inversiones”, concluye Fegein.
