La Fiscalía cree que En Marea tiene razón y que la Xunta niega de manera irregular documentos relacionados con la fusión de Caixanova y Caixa Galicia. El Ministerio Público ha estimado la demanda presentada por la formación rupturista al considerar que la negativa del Gobierno gallego a entregar los informes y documentos solicitados “cercena el derecho a la información de los parlamentarios».
El pasado 20 de septiembre, En Marea registró por última vez un escrito dirigido a la Presidencia de la Cámara para poder acceder a la carta de encargo del Gobierno gallego a la auditora KPMG, el documento en el que «la Xunta de Galicia le refleja las cuestiones que la auditora tendría que estudiar para avalar la fusión» y que la Xunta entregó solo parcialmente, según explicó el diputado Antón Sánchez.
En Marea también quiere tener acceso a los informes de los técnicos de la Consellería de Facenda incluidos en el expediente de autorización de la fusión. Según explica Sánchez, solicita esta información desde 2013 sin lograr que llegue a sus manos. Ante esta situación, decidió acudir a la Fiscalía.
Vulneración de derechos
En su escrito, con fecha de 7 de febrero, el fiscal apunta que «parece haberse producido en el caso que ocupa la lesión de los derechos fundamentales alegados en el escrito». Parte de que «es indudable que el derecho de participación política es un derecho fundamental» y alude también a los términos en que se expresa el reglamento del Parlamento de Galicia, para advertir de que «no es justificable el silencio de la Administración autonómica«.
Supone, censura, «una negativa reiterada y hasta el momento injustificada a entregar los informes y documentos solicitados» con la que «se cercena el derecho a la información de los parlamentarios».
El Superior tendrá la última palabra
En última instancia será el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el que tenga que pronunciarse sobre la lesión de los derechos fundamentales.
En un comunicado, Antón Sánchez subraya que «es fundamental conocer el papel de la Xunta en una fusión alentada por el Gobierno de Feijóo, después de invertir 9.000 millones de euros públicos en sanear Novacaixagalicia, para saber qué decisiones se tomaron, cómo se tomaron y depurar responsabilidades políticas».
