La España de la reforma laboral un lustro después

La reforma laboral es la decisión más contestada de Mariano Rajoy en los círculos opositores. Un lustro después, el cambio de legislación sigue enfrentando a defensores y detractores. Mientras que organismos como la OCDE o países como Alemania aprueban el paquete de medidas que impulsó Fátima Báñez, la oposición y los sindicatos se oponen a ella. 

Desde la entrada en vigor el 19 de febrero de 2012, el mercado de trabajo en España ha sufrido grandes cambios. Ahora, queda por ver si seguirá haciéndolo. Con un gobierno en minoría, la oposición ya ha apuntado qué aspectos quieren que se eliminen.

El Congreso de los Diputados aprobó en diciembre una proposición no de ley impulsada por el PSOE, que insta al Ejecutivo a derogar el actual modelo y a elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores. Aunque la iniciativa no tiene un poder de facto para modificarla, si apunta qué puede pasar en el futuro.

Francesc Castellana, presidente de la Fundación Utopía, señala que estos cambios sustanciales «se implantaron de manera unilateral y sin mediarse con el resto de partes». Es por eso que, para Castellana, «esta reforma no encuentra ningún tipo de respaldo fuera del Gobierno».

El espíritu principal era flexibilizar el mercado de trabajo desde la empresa. Para ello, se dio más poder al empresario frente al trabajador con la descentralización de la negociación. Una vez entró la reforma, las clausulas de la propia empresa tenían prioridad frente a los convenios colectivos. El motivo principal que lo explica radica en la estructura del mercado.

El tejido empresarial de España está compuesto en su mayor medida por pymes, que actualmente son poco flexibles por su tamaño ya que, por ejemplo, no pueden aplicar economías de escala. Para el profesor de economía de la Universidad de Barcelona (UB), Gonzalo Bernardos, esta medida «respondía a una devaluación que no podía hacerse mediante la moneda»

El efecto inmediato de este desequilibrio de fuerzas se vio reflejado en el «descuelgue»; que hace referencia a la posibilidad de dejar de aplicar temporalmente un convenio colectivo en caso de que la empresa justifique problemas económicos como, por ejemplo, previsiones de pérdidas durante tres meses consecutivos.

Otro de los ejes ha sido el fin de la ultractividad. Antes de 2012, un convenio colectivo no se derogaba hasta que había otro que supliera al anterior. Sin embargo, ahora, pasado un año desde la finalización de la vigencia del convenio, este queda derogado. 

La conflictividad se refleja en las diferentes estadísticas referidas a la evolución de los expedientes de regulación de empleo. La observación en detalle muestra que la mayoría de ellos se han resuelto por la vía de la reducción de la jornada laboral.

Abaratamiento del despido

Es uno de los puntos que no presta a polémica. La nueva normativa ha facilitado el despido y lo ha abaratado. Prueba de ello es la reducción de las indemnizaciones por despido, que pasa de 45 días por año trabajado a 33.  Josep Banyuls, catedrático de economía aplicada en la Universitat de València, afirma que la rabaja vino complementada con «la ampliación de motivos que justifican el despido objetivo». Pero España ha pasado de destruir a crear puestos de trabajo. La reducción de la tasa de desempleo es un hecho: en cinco años ha pasado del 24,8% al 18,5%.

No obstante, también se ha producido una pérdida de poder adquisitivo del empleado. Durante el mismo periodo, el trabajador medio en España ha dejado de recibir 788 euros brutos al año, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta devaluación salarial llegó debido a varias circunstancias. Una de ellas es –ya mencionada– es la falta de correlacion de fuerzas frente al empresario. La segunda, se explica, según las fuentes consultadas, por los trabajadores que salieron del mercado y volvieron a incorporarse en peores condiciones.

Desmontando mitos de la reforma laboral

La temporalidad es un punto que también enfrenta posturas. Hay quienes consideran que España se ha convertido en una máquina de hacer y deshacer contratos mientras que otros expertos lo desmienten. Sandalio Gómez, afirma que, alrededor de la reforma laboral, se han establecido una serie de «mitos» y que este la temporalidad es uno de ellos.

El profesor del IESE Business School apunta que «es un aspecto estructural del mercado de trabajo del país y no una causa directa de la reforma», apunta. Otra de las diferencias fundamentales es que «en España existen miles de contratos con esta modalidad, pero fijos sólo uno», añade.

Una opinión con la que coincide Bernardos, que achaca la temporalidad a la lógica del mercado. «Cuando la economía va bien el número de temporales se dispara mientras que cuando cae este tipo de contrataciones. Esto se debe a que el mercado de trabajo a los que primero expulsa es a los temporales».

Según los datos del Ministerio de Empleo, los contratos laborales que duraron menos de una semana representaron el 25,7% de las contrataciones temporales. Esta cifra es una subida continuada de los años anteriores y un resultado que supera en casi diez puntos los datos registrados antes de la crisis. Hay un grupo de empleados que guardan otro estatus.

Desde 2014, empieza a registrarse una tendencia en los contratos temporales que pasan a convertirse a indefinidos. Según un informe de Randstad, en base a los datos del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), en 2016 se han convertido 582.026 contratos temporales en indefinidos, lo que supone un crecimiento del 21,6% en 2016. Este punto es el más elevado de los últimos siete años.

Los datos expuestos confirman la dualidad del mercado laboral. Un fenómeno que supone la coexistencia de estos dos tipos de trabajadores: los insiders y los outsiders. Los primeros se caracterizan por una gran protección gracias a sus altas indemnizaciones mientras que los segundos son trabajadores temporales con escasa o nula protección ante un despido. Para Bernardos, este fenómeno no es tan importante, ya que «los trabajadores blindados son pocos y en su mayoría funcionarios».

Políticas de empleo

Quizá sea la asignatura pendiente de esta y todas las reformas laborales. Las políticas públicas activas de empleo podrían mejorar. Según un estudio de Fedea, tan sólo un 2% de las personas que iniciaron su trabajo en 2012 reconoce haber tenido alguna relación con los servicios públicos de empleo para que le ayude a encontrar un nuevo puesto.

Sandalio afirma que el enfoque actual es erróneo ya que «las políticas de empleo deben ayudar al parado a formarse para ser más competitivo y estar el mínimo tiempo posible desempleado». Sandalio va más allá y muestra un agravante comparativo con el resto de Europa. «En países como Dinamarca las prestaciones por desempleo deben estar justificadas. De no ser así, el parado corre el riesgo de dejar de percibirlas». 

De redefinirse bien, quizá se podrían recuperar a los desempleados que llevan más de un año fuera del mercado laboral. Esta cifra se contextualiza mejor si se compara con el resto de Europa. De los aún 28 países miembros de la Unión Europea (UE), España casi triplica el número de parados de larga duración.