La crisis del Popular arruina una empresa de su núcleo duro

La caída en picado de las acciones de Banco Popular está poniendo en serios aprietos financieros al entramado societario con el que, a través de la Sindicatura de Accionistas, la entidad presidida por Ángel Ron posee el control accionarial.

Tanto la Sociedad General Financiera y Fiduciaria (Sogefi), encargada de sacar el mayor provecho posible a las acciones de los empleados del banco –casi 336 millones de títulos, equivalentes al 8% del capital del banco, valorados en apenas 315 millones–, como la Unión Europea de Inversiones (UEI), la red de las que cuelgan varias empresas y fundaciones vinculadas a la iglesia católica, han visto cómo el actual 9,6% del capital del Popular que atesoran vale unos 377 millones de euros, contabilizando la acción a 0,94 euros.

En el caso de la UEI, que acaba de presentar las cuentas correspondientes al tercer trimestre, el agujero no parece tener fin, al haber adquirido la mayoría de los títulos con deuda. Más allá de los 423.000 euros de pérdidas anotadas, en los nueve primeros meses de 2016 sufría un retroceso de 133 millones de euros en su patrimonio.

Al cierre del ejercicio 2015 ascendía a un importe positivo de 40 millones, pero, coincidiendo con el varapalo bursátil del Popular, se quedaba en un negativo de 86 millones el pasado junio, y lo elevaba a 93 millones, también negativos, el pasado 30 de septiembre, cuando la acción del banco estaba en 1,101 euros, un 14% por encima de la cotización actual.

Unificación de préstamos

La razón de este incremento hay que buscarla en el acuerdo alcanzado para unificar un préstamo participativo, suscrito con el propio Banco Popular, en el préstamo ordinario otorgado también por la entidad presidida por Ron, quedando un importe total del préstamo de 91,9 millones de euros.  

Sumados a otras deudas de 144 millones, dejan el pasivo en 236 millones, muy por encima de los 154 contabilizados en septiembre de 2015, cuando todavía ese patrimonio neto era positivo en 56 millones.

Así pues, la Unión Europea de Inversiones debe 236 millones, de los que solo puede responder con su único activo –apenas 70 millones de acciones del Banco Popular–, actualmente valorado en unos 63 millones de euros. 

La compleja situación financiera por la que atraviesa esta sociedad provocó que en 2015 salieran de su accionariado dos compañías –Topbreach Holding  e Inversiones Bosques de Bendinat–, cuyos títulos se distribuyeron en otras sociedades ligadas a la UEI. 

Trasvases societarios

En marzo del año pasado, el empresario portugués Américo Amorim vendió los últimos dos millones de títulos que atesoraba en la UEI, a través de Topbreach, al Fondo Social de Cooperación-Fundación Vasconia, vinculada, como otras fundaciones del banco, a la iglesia católica. 

Y en julio, la entrada en disolución de la sociedad Inversiones Bosques de Bendinat provocó que sus 1,36 millones de acciones pasaran directamente a manos de la barcelonesa 
Inversiones Ca’n Veiret, administrada por Corona Cobián y Miguel Nigorra.

Ahora, Sinvi Inversiones Mobiliarias, que tenía el 10,5% de la UEI, también ha sido liquidada, con lo que sus 3,3 millones de acciones han sido compradas por Viviendas y Oficinas, sociedad presidida por Carlos Figuero y que alcanza el 18,83% de la Unión Europea de Inversiones. El traspaso se produjo el pasado 26 de octubre a través de una operación fuera de mercado (over the counter). 

Sinvi había cerrado el ejercicio 2015 con unas pérdidas de 30,3 millones de euros, cuando un año antes habían sido de apenas 13 millones. Al tener que reformular las cuentas, por hallarse la matriz en causa de disolución, esta sociedad también tuvo que reconocer la imposibilidad de recuperar los créditos fiscales que figuraban en su balance, con lo que su patrimonio neto también quedaba por debajo del 50% de su capital social. 

Al final, a su administrador único –Carlos Figuero–, ante la imposibilidad material de abordar medidas correctoras para restablecer el equilibrio patrimonial, no le quedó otra que proceder a la disolución y liquidación de Sinvi, sociedad que el propio Banco Popular había constituido hace justo una década.

El marqués de la Motilla, fuera de la Sindicatura 

Además de esta cadena de disoluciones en el seno de la UEI, el pasado viernes, en un hecho relevante comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Popular anunciaba el relevo del representante que, en nombre de la Sindicatura de Accionistas, se sienta en su consejo. 

Salía un histórico, Miguel Ángel de Solís y Martínez Campos –marqués de la Motilla, y uno de los accionistas de toda la vida del Popular–, para dejar su puesto a José Francisco Mateu Isturiz, un abogado del Estado que ha pasado por varios consejos, como los de Amper, Altadis o Repsol.

Solís llegó al consejo del Popular en 2009 tras la absorción del Banco Andalucía, en el que llevaba doce años de presidente, desde el fallecimiento de su padre, Fernando Solís.  

Esta familia sevillana llegó a poseer casi el 1% del Popular a principios de la pasada década, por entonces valorado en cerca de 60 millones de euros, pero las ventas sucesivas redujeron su presencia al 0,063% en enero de 2013, el porcentaje que acreditaba Miguel Ángel Solís cuando, como miembro de la Asociación Profesional de Directivos del Banco Popular, cesaba como consejero, aunque siguiera sentado en el órgano de gobierno en representación de la Sindicatura de Accionistas. Hasta ahora.