Gayoso, Pego y Gorriarán, antigua cúpula de Caixanova, salen indemnes del ‘caso Alfageme’
La Audiencia Nacional no ve indicios de apropiación indebida o administración desleal en el crédito de Caixanova a Promalar para reflotar la conservera Bernardo Alfageme que dejó un agujero de 80 millones en la caja
La Audiencia Nacional ha absuelto a la antigua cúpula de Caixanova en la causa que investigaba los créditos concedidos a la promotora Promalar para reflotar la conservera Bernardo Alfageme. El procedimiento afectaba a los principales directivos de la quebrada caja gallega: Julio Fernández Gayoso, director general; José Luis Pego, director adjunto; y Gregorio Gorriarán, responsable de la división inmobiliaria.
Los tres entraron en prisión por el caso de las indemnizaciones millonarias que se llevaron a su salida de la entidad y fueron juzgados nuevamente el pasado mayo por administración desleal y apropiación indebida, después de que la Fiscalía retirara una tercera acusación por blanqueo. La Sala de lo Penal ha dictado su absolución junto a otras siete personas vinculadas a Promalar y la propia caja al no ver indicios de un plan concertado encaminado a favorecer a la promotora y a Juan Lago, su administrador.
Agujero de 80 millones
Las operaciones de financiación realizadas por Caixanova para facilitar la compra de Bernardo Alfageme, 135 millones en créditos, dejaron un agujero en las cuentas de Novagalicia de 80 millones. Apenas cinco años después de la concesion de los créditos, Promalar suspendió pagos con una deuda de 200 millones, de los que la mitad correspondían a la entidad resultante de la fusión de las cajas gallegas. En 2012, la justicia declaró el concurso culpable. Los administradores de Promalar fueron inhabilitados 5 años y condenados a devolver los 11,8 millones a los acreedores de la conservera.
Hubo otras operaciones, como la financiación para la adquisición de suelo por parte de Promalar en Cangas y Oleiros, que también formaban parte de la acusación contra la excúpula de Caixanova, pero la Audiencia Nacional desestimó todos los argumentos. Consideró que la situación económica de la promotora no era mala cuando se concedieron los créditos y que tampoco existió ocultación por parte de los directivos a los órganos de decisión de la caja sobre la situación financiera de la empresa beneficiaria de los créditos.
Sin pruebas
La idea de un plan concertado para beneficiar a la familia Lago tampoco se contempla, pues los magistrados no ven pruebas que lo demuestren, ni «testificales», ni «telemáticas», ni «grabaciones orales o telefónicas».