Los difíciles equilibrios de las arcas públicas para lidiar con la merma en la recaudación provocada por la crisis económica, así como las heterogéneos normas fiscales de los distintos territorios dio lugar a lo que algunos economistas definen como una “guerra” entre comunidades para atraer contribuyentes. Esta batalla explica “la carrera a la baja de ciertos impuestos directos, como Sucesiones y Donaciones, mientras se asiste a un incremento de la tributación indirecta, con especial incidencia en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales”.
Un estudio para el Foro Económico de Galicia de la profesora del departamento de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago de Compostela, María Cadaval, analiza las “17 presiones fiscales” diferenciadas que existen en España, un mapa en el que Galicia se sitúa en la zona intermedia a pesar de la publicitada rebaja en el gravamen a las herencias aplicada por el Gobierno de Núñez Feijóo.
Así compensa la Xunta la rebaja en las herencias
De hecho, la Axencia Tributaria de Galicia rompió en 2017 con dos años de minoración en la cuantía recaudada al alcanzar los 549,7 millones, un 4,6% más, gracias a que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales compensó el descenso del 6% en la recaudación por sucesiones, a lo que se sumó un plan especial contra el fraude fiscal que captó 32,2 millones.
La política fiscal de la Xunta no difiere demasiado de la tendencia del resto de autonomías, si bien Núñez Feijóo ha sido más sobrio en los impuestos especiales, que comenzaron a proliferar en otros territorios, según alerta el informe del Foro Económico. Facenda es agresiva en impuestos de escasa relevancia en la recaudación final, como el de hidrocarburos; progresiva en el tramo autonómico del IRPF y severa en el gravamen de Transmisiones Patrimoniales, que se ha equiparado en relevancia al Impuesto de Sucesiones. Esta sería la radiografía:
IRPF muy progresivo pero con pocas deducciones
La Xunta ha aumentado el número de tramos respecto al Estado (7 frente a 5) combinando subidas y bajadas para beneficiar fiscalmente a las rentas bajas y gravar a las altas. En números, el tipo impositivo oscila entre una horquilla del 19% y el 45%, siendo los más beneficiados los contribuyentes con rentas inferiores a los 25.000 euros. A partir de ahí, el “gravamen se sitúa por encima de la tarifa supletoria estatal”. El informe señala que el de Feijóo es un modelo más progresivo que el de comunidades como Cataluña, “cuya tarifa autonómica está por encima de la estatal para los niveles de renta más bajos y por debajo para las rentas que superan los 110.000 euros de base liquidable”.
Sin embargo, Galicia es de las comunidades que menos deducciones contempla, aunque sí que se incluyen las de vivienda habitual, donativos a la investigación y determinados incentivos al alquiler y la rehabilitación en los cascos históricos, por ejemplo. Lo cierto es que la recaudación por IRPF de la Xunta ha ido perdiendo peso desde 2010 hasta prácticamente igualarse en cuantía a los ingresos por IVA en 2015, un proceso condicionado no sólo por la política fiscal sino también por la menor actividad económica durante la crisis.
La gran rebaja de sucesiones y donaciones
Entre los tributos transferidos, el de sucesiones y donaciones es el que más ha dado juego a las autonomías para diferenciarse de otros territorios y hacer una política fiscal blanda en busca de atraer contribuyentes. Madrid ha sido un caso paradigmático durante la etapa de Cristina Cifuentes al eliminar prácticamente el tributo. La Xunta aplica una exención muy elevada para los herederos y sucesores más próximos en la línea de consanguinidad.
La recaudación de Facenda por este impuesto ascendió a 127,9 millones, un 6,1% menos que en el ejercicio de 2016. Las comunidades de Andalucía y Asturias son las que más gravan las donaciones y sucesiones.
La Xunta pone al máximo el impuesto a la transmisión de bienes
Esta reducción está totalmente compensada a nivel autonómico por el gravamen a la transmisión de viviendas y otros bienes, así como a los actos jurídicos. En 2017, la Axencia Tributaria recaudó por vía del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 178,7 millones, un 15,7% más.
Galicia está en el grupo cabecero de comunidades que aplican el gravamen máximo, el 10%, para bienes onerosos, como el traspaso de vivienda o coche de segunda mano, salvo que pueda el contribuyente acogerse a beneficios fiscales (inmuebles en municipios rurales, por ejemplo). También grava al máximo la transmisión de bienes muebles o de derechos reales sobre los mismos y se mantiene en la media, el 1,5%, para los documentos notariales.
Las deducciones del Impuesto de Patrimonio
También en el Impuesto de Patrimonio la Xunta aumentó su recaudación hasta los 77,8 millones, un 8,8% más. La Xunta mantiene el mínimo exento fijado por el Estado en los 700.000 euros y es en las deducciones que ofrece Facenda donde más se marca la diferencia con el resto de comunidades.
El Gobierno gallego incorpora deducciones ligadas a la creación de nuevas empresas o ampliación de capital (75%), a la participación en sociedades de fomento forestal, cooperativas agrarias o sociedades de explotación comunitaria de tierras (100%), o a las actividades económicas en inmuebles de centros históricos.
Contención en los nuevos impuestos
La Xunta tiene como impuestos propios el canon de saneamiento, el eólico, el hidráulico y el impuesto a la contaminación atmosférica. Feijóo se ha quedado al margen de la proliferación de figuras impositivas mediante modificaciones normativas en comunidades como Cataluña, Andalucía o Asturias. Entre los que no se han incorporado en Galicia están las viviendas vacías, el transporte y distribución de energía o las redes de comunicación, por ejemplo.
Sí que tiene la comunidad impuesto a los hidrocarburos tras la adaptación obligada por Bruselas del tributo en 2013. La Xunta lo aplica al límite, 48 euros/1.000 litros, lo mismo que el resto de autonomías salvo La Rioja, Cantabria, Castilla y León y Madrid.
