Los herederos de Epifanio Campo llegan hasta el Supremo por su inversión en Banco Gallego
Dos empresas de la familia Campo, Hierros Añón y un grupo de antiguos accionistas presentan un recurso ante el Supremo contra la operación acordeón del FROB
Más de cuatro años han pasado desde que el FROB impuso su mayoría en la junta general de accionistas de Banco Gallego el 29 de enero de 2013 para aplicar una operación acordeón que limpió de un plumazo la inversión que tenían en la entidad un buen número de empresarios. Desde entonces, un grupo de antiguos accionistas litiga para anular los acuerdos de aquella junta y ser indemnizados por el daño patrimonial infringido, a su juicio, de manera injustificada.
En esa lista hay nombres ilustres, como Manuel Añón, dueño de Hierros Añón; el expresidente de Pescanova, Juan Manuel Urgoiti; o Grupo Paramus, que controlaba el 17,6% del capital de Banco Gallego antes de que el FROB lo redujera a cero en el proceso de saneamiento. Pero el nombre con mayor carga simbólica es el de Epifanio Campo, que junto Urgoiti y Amancio Ortega fundaron Banco 21, el germen del Banco Gallego que acabó en las manos del Sabadell y del que controlaría más de un 11%.
Epifanio Campo tenía atrapados más de 28 millones a través de las empresas Rodonita e Inverpuente cuando el FROB aprobó la operación acordeón
A través de las sociedades Rodonita y de Inverpuente, los herederos del empresario, fallecido el agosto pasado, presentron recurso ante el Supremo contra la desaparición de su inversión. Según el auto que admite a trámite el recurso, el valor de la participación de la familia Campo superaba los 28 millones (23,6 millones en el caso de Rodonita y 4,6 millones en el caso de Inverpuente).
Este grupo de accionistas ha perdido contra el FROB en todas las instancias antes de quemar su último cartucho en el recurso de casación, presentado en noviembre del año pasado, poco después del fallecimiento de Epifanio Campo. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña desestimó por primera vez la demanda en 2014, mientras que la Audiencia Nacional hizo lo propio el 25 de mayo de 2016.
Juan Manuel Urgoiti, uno de los fundadores de Banco 21, está en el recurso con su empresa Activest y como presidente de la Fundación José Antonio de Castro
Los argumentos de los magistrados se fundamentan en que la venta de la totalidad de las acciones de Banco Gallego era más respetuosa con los principios de reestructuración que la alternativa de la liquidación. El Banco de España comunicó la aprobación del plan de resolución para Novagalicia y Banco Gallego en 2012. También señalan los jueces que no está probado que los acuerdos adoptados, lesivos con los minoritarios, hayan beneficiado al FROB o a un tercero (Banco Sabadell), ni que se adoptasen para expulsar al resto de accionistas, teniendo en cuenta las necesidades de capital de la entidad.
El último recurso presentado por los accionistas se admite solo parcialmente. El Supremo rechaza uno de los motivos alegados por los accionistas, en el que rechazaban que fuera necesario el rescate de la entidad, “pues la situación de inviabilidad y déficit patrimonial no se correspondía con la verdadera situación económica, dada la existencia de plusvalías latentes”. El tribunal rechaza reevaluar el informe pericial que justifica esta interpretación porque no es objeto del recurso de casación revisar la valoración de una prueba.
Los demandantes sostienen que no era necesario el rescate del banco, pues había «plusvalías latentes»
El auto de la Sala de lo Contencioso, emitido a comienzos de año, remite las actuaciones a la sección quinta de la misma sala para la resolución del recurso.
Las litigantes Rodonita e Inverpuente están administradas actualmente por los hijos de Epifanio Campo, Jacobo, María y Blanca Campo Sáez. Manuel Añón, que también mantiene abierta su disputa por la operación acordeón en Novagalicia, tenía a través de Hierros Añón acciones por valor de 880.000 euros, según el auto. Urgoiti tiene dos frentes abiertos. A través de Activest tenía 6,8 millones del capital del banco. Pero también preside la Fundación José Antonio de Castro, que controlaba acciones por valor de 6,6 millones.
