El Santander recibe la primera demanda por la quiebra del Popular

Varios grupos de accionistas han denunciado a la Junta Única de Resolución (JUR), el organismo comunitario que dictaminó la quiebra de Banco Popular y su venta inmediata al Santander por un euro, e incluso al Popular, pero nadie había ido contra el banco que preside Ana Botín. Ahora sí: este martes se ha presentado la primera denuncia contra el Santander, por enriquecimiento injusto, como adelantó Economía Digital.

La demanda la ha interpuesto el despacho Jausas, que representa a 315 accionistas con pérdidas de 110 millones, aunque solamente ha presentado la denuncia de una accionista, una viuda de 80 años que invirtió 50.000 euros en bonos del Popular. Dichos bonos se convirtieron en acciones y los perdió. Para compensar a los accionistas que invirtieron en bonos o fueron a la ampliación de capital de 2016, el Santander lanzó un bono de fidelización, que fue aceptado por el 78% de los afectados.

La demanda mantiene que el banco de Botín se enriqueció injustamente porque compró por un euro un banco que en realidad valía 4.500 millones de euros. Para fijar este valor, el despacho de abogados se basa en el consenso de los analistas, teniendo en cuenta especialmente la opinión de los analistas del Santander, el incremento de valor del primer banco de España tras la compra y las valoraciones que hace en sus propias presentaciones.

El despacho Jausas considera que el Popular valía 4.500 millones, en vez del euro que pagó el Santander

Además, Jausas mantiene que el precio de la compra no fue un euro sino menos 2.030 millones de euros, ya que con la venta, se cancelaron deudas del Popular por esa cantidad. Según el despacho, el día antes de que se rescatase el banco, que estaba sufriendo una sangría de depósitos, había ofertas de 2.000 millones por el mismo.

En cualquier caso, la demanda no se basa en una mala práctica del Santander sino en el hecho de que su supuesto enriquecimiento, aunque fuera causado por un tercero (la JUR), provocó el empobrecimiento de otros (los accionistas y los bonistas) y debe ser compensado, según la doctrina jurídica del enriquecimiento injusto, proveniente del derecho romano.

El banco que preside Ana Botín siempre ha mantenido que la operación fue legal aunque, para fidelizar a los clientes del Popular que eran accionistas, lanzó una oferta de bonos con los que pueden recuperar hasta el 100% de lo que invirtieron dentro de siete años. El Santander cerró el periodo de aceptación del bono con el 78% del capital cubierto, unos 764 millones de euros. Los accionistas que aceptaron renunciaron a tomar acciones legales contra la entidad.