El precio del olvido: Hacienda engulle 82M de herencias sin reclamar

Es extraño pensar que el dinero que nos corresponde pueda llegar a caer en el olvido, por desconocimiento u omisión voluntaria, y terminar en manos de otro. En España sucede con los abintestatos, herencias sin testar o reclamar, que se van sumando cada año a las arcas públicas.

Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Hacienda apuntan que, desde 2009 y hasta este mes de agosto, el Estado ha engullido ya 82 millones por este patrimonio olvidado después de que, de acuerdo a la legislación —al igual que sucede con los depósitos y cuentas corrientes olvidadas en los bancos—, hayan transcurrido veinte años sin que aparezca un heredero.

En esta ecuación por aflorar el dinero desamparado aparecen los cazadores de herencias. En su mayoría son despachos de abogados que estudian minuciosamente el árbol genealógico de un fallecido cuyo legado no ha sido reclamado.

Su misión es encontrar un heredero legal, contactar con él y convencerle de que inicie los trámites correspondientes para obtener la herencia, eso sí, previo pago de una comisión aproximada del 30%.

Los ‘cazadores’ de herencias contactan con herederos de fortunas para que reclamen su herencia

Los expertos apuntan a que muchos de los contactados terminan sin finalizar el trámite o ni siquiera lo inician, bien por la incapacidad de demostrar el parentesco o porque la presión fiscal del Impuesto de Sucesiones llega a ser prohibitiva. 

Pero si el dinero termina en manos del Estado, éste también les recompensa por la advertencia. ¿Cuánto? El 10% de lo que se ingresa una vez descontados los gastos notariales y registrales.

Así, durante el mismo periodo analizado, estos cazadores obtuvieron cerca de 3,85 millones en concepto de premio por señalar 797 casos a resolver. 

Herencias olvidadas: ¿qué hace el Estado con ese dinero? 

Gran parte de esta cantidad se destina a fines sociales. El Estado se hace con dos tercios y los suma a la bolsa de fines sociales de las declaraciones del IRPF. Esta cantidad, a su vez, se distribuye territorialmente entre todas las provincias.

Antes de 2015 el procedimiento era distinto. La administración entregaba una tercera parte de lo captado a instituciones de beneficencia o cualquier organización próxima a la ciudad en la que residía el difunto. Los otros dos tercios iban a una ONG de la provincia y al Tesoro Público.