El FROB se vuelve esquizofrénico con los juicios de Bankia

Después de inyectar más de 61.300 millones de euros en las antiguas cajas de ahorros, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que depende del ministerio de Luis de Guindos, actuó con contundencia contra los gestores de aquellas ruinosas entidades financieras: encargó 90 informes Forensic, que más de la mitad acabaron en la Fiscalía Anticorrupción y se personaron como acusación particular en una veintena de procesos judiciales, pero en algunos están ejerciendo más como abogados de la defensa que de la acusación.

Así lo advierte Andrés Herzog, ex candidato a la presidencia del gobierno español por UPyD y actual abogado de la acusación particular en el caso Bankia. En declaraciones a Economía Digital, Herzog alerta que el FROB está llevando a cabo actuaciones «diametralmente opuestas»: por ejemplo, en el proceso principal del caso Bankia, relativo a su salida a Bolsa y que todavía se encuentra en fase de instrucción, están «defendiendo sin disimulo las tesis de los imputados»; mientras que en la pieza separada de las tarjetas Black, que se está juzgando en la Audiencia Nacional, intentan «salvar la cara» al perseguir las tropelías de Miguel Blesa, Rodrigo Rato y compañía.

UPyD quedó apartada de la acusación por orden judicial, pero Andrés Herzog se mantuvo en el caso Bankia en representación de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), uno de los grandes sindicatos del sector bancario que se ha personado como acusación particular. Herzog insiste en que la actitud del FROB en el sumario de la salida a Bolsa de Bankia y en la pieza separada de las tarjetas Black es muy distinta pese a que el abogado Fernando Aizpún, del despacho Simmons & Simmons, ejerce la acusación particular en los dos casos en representación de fondo público.

Herzpg advierte que el FROB incurre en un supuesto conflicto de intereses

La pieza de las tarjetas Black arrancó de uno de los informes que el FROB presentó a la Fiscalía Anticorrupción y, aunque de manera tibia, ejercen la acusación contra los gestores de la entidad financiera, todo lo contrario que en el proceso de la salida a Bolsa, en el cual, pese a estar personados como acusadores, están poniendo trabas a la investigación. Herzog señala que el FROB incurre en un «conflicto de intereses»: son acusación y, al mismo tiempo, son propietarios de BFA, la matriz de Bankia, que figura como imputada. El fondo público sigue rigiendo los destinos de la entidad. Por este motivo, supuestamente intentarían evitar o reducir posibles condenas.

Los abogados de la Confederación Intersindical de Crédito solicitaron la exclusión del FROB en el proceso de salida a Bolsa de Bankia, pero el juez instructor ha rechazado su petición. Otra de las abogadas del CIC, Julia Romon, corrobora a este digital que el FROB está «poniendo piedras» a la instrucción al presentar recursos contra las diligencias de prueba que solicitan las acusaciones. «Para defender a los imputados, éstos ya tienen a sus abogados defensores, no necesitan más», apunta.

El sumario de la salida a Bolsa está prácticamente cerrado, a la espera que el juez instructor pida las calificaciones a las diversas partes. El caso Bankia cuenta con otras piezas separadas, como la de las preferentes, que siguen en vía muerta.

El concejal de Economía de Madrid apunta al gobierno del PP

Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, martillo político del caso Bankia, considera que el FROB responde a «directrices políticas» del gobierno de  Mariano Rajoy. En declaraciones a este digital, el concejal de Manuela Carmena y responsable de Economía de Izquierda Unida, insiste en que el FROB intenta evitar un mayor quebranto patrimonial del Estado, derivado de posibles condenas de indemnización por las antiguas cajas, y a la vez «limitar el daño político» que pueda suponer que se condene a «determinadas personas de Caja Madrid y Bankia».

Tanto Sánchez Mato como los abogados del CIC recuerdan la errática actuación del FROB en los procesos judiciales de las cajas gallegas y en el de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). En plena campaña electoral gallega, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional por la que se condenó a cuatro ex directivos de Novacaixagalicia (actual Abanca) a dos años de prisión por administración desleal y apropiación indebida, pero al carecer de antecedentes penales no entrarán en la cárcel. El Supremo consideraba las condenas «desproporcionadas por su exigüidad desde las perspectiva de la gravedad de las conductas». Sin embargo, como ni la Fiscalía ni el FROB habían recurrido, el alto tribunal concluía que cabía la posibilidad de revisar las penas. El fondo público tampoco recurrió la absolución de los directivos de la CAM por establecer un sistema de sobresueldos.

Un mar de procesos judiciales

Los procesos contra las antiguas cajas de ahorros siguen derroteros sorprendentes. El primero de los juicios que se celebraron, dirigido contra Ricard Pagès y otros tres directivos de Caixa Penedès, entidad que se integró en Bankia, acabó con penas inferiores a los dos años, que no supusieron ingresó en prisión, aunque devolvieron más de 28 millones de euros de sus planes de pensiones. Los ex directivos de Caixa Laietana, también integrada en Bankia, todavía arrastran un litigio por las preferentes instado por un particular.

Un juzgado de instrucción de Segovia decretó el pasado junio el archivo del caso Caja Segovia, otra de las entidades que han acabado integradas a Bankia. Un grupo de directivos, liderados por su ex presidente Atilano Soto, se dotaron de un plan de prejubilaciones y de pensiones por un importe de 34 millones de euros. El juez instructor dio carpetazo al asunto por considerar que «todas las decisiones de los órganos de gobierno fueron sometidas a un exhaustivo y riguroso examen por los órganos de inspección del Banco de España y el FROB», que de haber detectado irregularidades lo hubiesen «constatado, corregido y en su caso incoado de oficio procedimientos sancionadores que hubieran podido desembocar en la jurisdicción penal». El juez constata que «nada de esto sucedió». El CIC ha presentado recurso para reabrir el sumario.

En cambio, la instrucción del caso de la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI) se ha completado sin dilaciones. El juicio contra ex directivos de esta entidad, absorbida por Ibercaja, se ha señalado del 34 al 26 de este mes de octubre en la Audiencia de Zaragoza.