El BBVA se come el 25% de los 4.500 millones de las cláusulas suelo
El Sabadell obvia la sentencia del TJUE al entender que sus cláusulas son transparentes e insiste en que las coberturas genéricas realizadas son suficientes
Se las prometían muy felices los bancos españoles cuando, el pasado mes de julio, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Paolo Mengozzi, determinó que la retroactividad de las cláusulas suelo de las hipotecas contratadas por las entidades debía limitarse a lo cobrado de más desde mayo de 2013, corroborando lo dictado por el Tribunal Supremo español.
El gozo en un pozo. Finalmente, el TJUE ha determinado en una sentencia sobre este asunto, no recurrible, que esa retroactividad parcial se opone al derecho comunitario y que, por tanto, «el carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, permitiendo restituir las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor».
O sea, que los bancos deben abonar a los hipotecados todo lo cobrado de más por la aplicación de cláusulas suelo desde la firma del préstamo hipotecario. A partir de aquí, las entidades ya han empezado a hacer números del impacto que la sentencia puede tener en sus cuentas a una semana vista de que finalice el ejercicio 2015.
Aunque todos los bancos, previendo que finalmente el tribunal europeo tomara esta decisión contraria a sus intereses, llevan tiempo acometiendo estrategias de cambio de hipotecas, de variables a fijas, y obligadas, por sentencias judiciales, a retirar estas cláusulas, el impacto será notorio, aunque los cálculos son diversos, por la disparidad existente entre los importes brutos y netos.
Baile de cifras sobre el impacto en la banca
Desde los apenas 3.000 millones calculados por Goldman Sachs a los 7.500 cifrados en un informe del Banco de España, cantidad que fue utilizada por los abogados del BBVA –una de las entidades más perjudicadas– en la defensa de sus intereses ante el TJUE. Entre medias, los números echados por Société Generale, que cuantifican el agujero en torno a los 5.000 millones de euros.
De esos hasta 7.500 millones que contabilizaba inicialmente el Banco de España, habría que descontar los 2.600 ya devueltos por lo cobrado de más entre mayo de 2013 y finales de 2015. Quedarían, por tanto, otros 5.000 millones que, con los ajustes por cambios de hipotecas, de variables a fijos, rondarían ahora los 4.500 millones.
En términos absolutos el BBVA sería la entidad más afectada, con unos 1.800 millones de euros al contar con una cartera hipotecaria de casi 90.000 millones, seguida de CaixaBank, con 1.200 millones, y Banco Sabadell, con 720 millones, según los cálculos de Ahorro Corporación.
Sobre el capital, el banco más expuesto a la sentencia del TJUE, atendiendo a las cantidades no provisionadas, sería Liberbank, con un impacto de 252 millones de euros sobre los 2.400 millones de euros de hipotecas afectadas.
Los cerca de 1.800 millones de euros brutos de impacto en el BBVA se quedarían en unos 1.200 netos a provisionar ahora, según reconocía la entidad presidida por Francisco González en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado mes de julio.
Las consecuencias en el Sabadell y el Popular
El Banco Sabadell, además de ser el único que mantiene estas cláusulas, también es el único que no ha realizado provisiones específicas adicionales a las genéricas obligadas por el Banco de España.
No obstante, un 5% sobre sus más de 11.000 millones en hipotecas con suelo supondría un impacto de unos 600 millones de euros –que se quedaría en algo menos de la mitad con lo provisionado– y otros 150 en los ingresos anuales que sigue apuntándose en el margen.
Pero, nada más lejos de la realidad. La entidad presidida por Josep Oliu se mantiene en sus trece. «La sentencia no nos afecta. No habrá ningún tipo de impacto. Nuestras cláusulas son transparentes y los clientes fueron informados correctamente», apuntan desde el banco vallesano. E insisten en que las provisiones genéricas resultan más que suficientes.
En el caso de que se produzcan reclamaciones tras la sentencia del TJUE, desde el Sabadell señalan que, como han hecho hasta ahora, intentarán negociar con los clientes.
Desde el Banco Popular parecen tener claros los números del agujero. El pasado mes de mayo, su todavía presidente Ángel Ron, durante la presentación de la ampliación de capital por 2.500 millones de euros, cuantificaba el coste de la retroactividad total de lo cobrado de más en unos 700 millones de euros.
Como incluía los 350 provisionados al cierre de 2015 para cubrir lo determinado por el Tribunal Supremo, serían otros tantos los que debe aportar ahora para elevar las pérdidas hasta los cerca de 3.000 millones de euros en 2016.
Para Caixabank, la retroactividad total de las cláusulas abusivas de suelo supone unas pérdidas de 1.250 millones de euros. Como tiene provisionados algo más de 500 millones, la cobertura adicional para hacer frente a la sentencia será de otros 750 millones, como la propia entidad reconocía el pasado mes de julio.