Directivos de BPA cobraron «comisiones desorbitadas» por ayudar al crimen organizado
EEUU advierte de que el banco andorrano es "un vehículo accesible" para blanquear los ingresos de las mafias rusa y china, de la corrupción política y de la trata de personas
Estados Unidos ha publicado un informe a través del Departamento del Tesoro que acusa a Banca Privada d’Andorra (BPA) de ser un «vehículo accesible» para blanquear los ingresos del crimen organizado. Además, el Departamento de Control de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) señala que directivos del grupo cobraron «comisiones desorbitadas» y aceptaron «sobornos» a cambio de ejercer de testaferros de, entre otros, funcionarios venezolanos corruptos.
Estas acusaciones provocaron la reacción inmediata del Ejecutivo andorrano. El presidente, Antoni Martí, ordenó la intervención del banco, propiedad de la familia Cierco, por un mínimo de 60 días con el objeto de facilitar la investigación «y garantizar la continuidad de la entidad». Dos interventores públicos tomaron en la tarde del martes las riendas de BPA. Ni la familia accionista ni su consejero delegado, Joan Pau Miquel Prats, temen perder la titularidad ni la gestión una vez aclarados los hechos.
BPA: «Las investigaciones no afectan a las filiales»
En una nota, el grupo anuncia que «abrirá inmediatamente una investigación interna» y remarca que las sospechas de Fincen «se refieren exclusivamente a las actividades andorranas de BPA y no afectan a las filiales internacionales». Las operaciones diarias de la entidad seguirán con «total normalidad» en el marco de una «intervención preventiva», indica el comunicado remitido a los medios.
Aunque la cúpula está, según diversas fuentes, «tranquila», EEUU ha actuado con contundencia y vierte acusaciones que la propia administración califica de «muy serias». La nota oficial describe a BPA como «entidad de preocupación de primer orden» en la lucha contra el blanqueo de capitales. Washington se ha revuelto porque sospecha que desde Andorra se presta colaboración para lavar dinero en el propio suelo de EEUU y ello perjudica «la integridad del sistema financiero» local.
«Conducta atroz» de BPA
BPA dispone de, al menos, cuatro bancos colaboradores y diversos testaferros en el país que las autoridades federales quieren localizar. «El paso dado hoy –explican los portavoces de Fincen— es fundamental para hacer frente a la conducta atroz de esta entidad». La directora del organismo, Jennifer Shasky, ha declarado, por su parte, que BPA hace la vista gorda «con controles simbólicos contra el lavado de dinero». Según el Tesoro estadounidense, las prácticas se desarrollan, al menos, desde 2011.
Martí decidió intervenir BPA porque la investigación indica que el epicentro de las operaciones sospechosas se localiza en la sede del banco. En Escaldes-Engordany los presuntos criminales ingresaban los importes procedentes de las mafias rusa y china, de la corrupción internacional (cabe señalar que BPA es el banco que custodia la fortuna de los Pujol oculta al fisco español) y de la trata de personas.
«Corresponsales» en EEUU
Con el dinero bajo manto de BPA, y siempre según la investigación de Fincen, la entidad lo traslada a EEUU a través de las cuentas de un «corresponsal», repartidas en las cuatro entidades a identificar. Sin especificar la cantidad, se sospecha que el mecanismo ha servido para «procesar cientos de millones de dólares». Remarca también la colaboración necesaria de los «gerentes de alto nivel» de BPA para ocultar el origen de los saldos.
A cambio de estos «servicios», varios miembros de la cúpula habrían percibido «comisiones desorbitadas y otros beneficios» de sus «clientes criminales». Uno de los blanqueadores que, según EEUU, con más frecuencia acudía a Escaldes-Engordany era Andrei Petrov. Se trata de un viejo conocido de la policía española, que lo acusó en 2011 de lavar dinero de criminales rusos a cambio de comisiones.
Entre los más buscados por el FBI
Petrov servía a Semion Mogilevich, un presunto mafioso que aparece en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Gao Ping, traficante chino de personas –detenido por la policía española en 2012— repartía comisiones «a granel» entre los gerentes de BPA para que aceptaran depósitos en cuentas de la entidad sin escrutar el origen de los fondos. Una vez limpio, el dinero se transfería de vuelta a empresas instrumentales de China.
EEUU advierte además de delitos financieros que, comparados con la trata de seres humanos, parecen menores. Sin identificarles, Fincen señala a «varios empresarios españoles» y funcionarios venezolanos corruptos. Los directivos de la empresa pública de petróleos PDVSA habrían lavado alrededor de 2.000 millones de dólares con aparentes inversiones en «productos bancarios complejos» y en varias instrumentales.
