De Guindos pacta con Bruselas la recentralización de la supervisión de las cajas

Las comunidades autónomas están a punto de perder posiciones en materia de supervisión de cajas de ahorros.

El Ministerio de Economía ha dado a conocer la nueva normativa que afectará a estos grupos financieros. La ha pactado con Bruselas. Establece que las entidades que dispongan de más de 10.000 millones en activos deberán transformarse en fundaciones. Es decir, todas menos Ontinyent (Valencia) y Pollensa (Mallorca).

El Gobierno propone una ley que pasa por alto la enmienda introducida por Convergència i Unió en el Congreso. Los grupos parlamentarios debatieron el anteproyecto hace escasamente un año. Entonces, se logró modificar la propuesta para blindar a las comunidades. Otra de las principales novedades es que se levantan las restricciones salariales. Sin embargo, obliga a las entidades a presentar ante el Banco de España un informe anual sobre su gobierno corporativo.

Reparto competencial

La propuesta de texto definitivo que Economía manda nuevamente al Congreso recupera el espíritu recentralizador. “Estará aprobado a finales de año y ya ha sido consensuado con la Comisión Europea”, explican fuentes del ministerio. En Catalunya, el Ejecutivo autonómico se muestra confiado en que logrará modificar el espíritu del nuevo anteproyecto. “Hay margen de mejora y estamos ante un proceso largo que se abre hoy. Negociaremos”, explican en la consejería de economía catalana.

Según el mismo, en el caso de que las actuales cajas controlen más del 50% de las acciones de un banco y su obra social supere el ámbito autonómico, como sucede con La Caixa, la nueva fundación despachará directamente con el gobierno en lo que respecta al control jurídico. El Banco de España supervisará la actividad financiera.

Sin margen para negociar

El margen para la negociación política parece escaso en esta ocasión. La redacción ha sido consensuada con la misión, el sobrenombre que reciben los funcionarios europeos popularmente conocidos como los hombres de negro. Estos representantes negociaron con España el memorando de entendimiento (MoU) que acompaña al rescate financiero.

El Estado da un paso atrás con las cajas menores. Las que no alcancen esas magnitudes se regularán según la normativa autonómica de fundaciones. A grandes rasgos, la nueva ley –que inicia este lunes el procedimiento de consulta y su posterior trámite parlamentario– establece un detallado reparto competencial.

Controles estrictos

Las cajas con una participación en el capital de un banco situada entre el 0% y el 10% estarán tuteladas, como hasta ahora, por los gobiernos autonómicos. Entre el 10% y el 30%, el Estado se fijará sobre todo en el patronato de esas fundaciones. Se han establecido criterios muy estrictos de honorabilidad e incompetencias para nombrar a sus miembros.

Las futuras fundaciones que tengan participaciones de entre el 30% y el 50% verán reforzada la supervisión del Banco de España. La gran novedad estriba en las cajas con más del 50% en acciones bancarias. El Estado asume todos los controles “por aproximarse el nuevo texto a una norma financiera”, explican las mismas fuentes en Economía.

Condiciones más duras

A partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, las instituciones tendrán un año para mutar en fundaciones bancarias, la nueva forma jurídica elegida para ordenar el mapa de cajas español.

Además se establecen condiciones más duras para que sigan ejerciendo el control sobre los bancos a los que dieron origen. El Banco de España pedirá un plan financiero que detalle cómo haría frente la nueva fundación a las posibles necesidades de capital que surjan en el banco y su estrategia de inversión.

Los clientes ganan influencia

Además, estas cajas deberán crear un fondo de reserva para posibles necesidades de recursos propios de la entidad de crédito participada “que pudieran poner en peligro el cumplimiento de sus obligaciones en materia de solvencia”. Los futuros patronatos tendrán un máximo de 20 miembros, que no podrán sentarse en el consejo de la entidad financiera participada.

Isidro Fainé, presidente de La Caixa y Caixabank, Mario Fernández, presidente de Kutxabank y de BBK, Amado Franco, número uno en Ibercaja e Ibercaja Banco, Braulio Medel, máximo representante en Unicaja y Unicaja Banco, así como Manuel Menéndez, de Liberbank, tendrán que dejar su asiento en la fundación o en la entidad financiera.

Se ofrece a los clientes un papel preponderante en la formación de la asamblea que controlará la fundación. La mitad de los miembros serán votados por los impositores. Uno de cada dos representantes lo elegirán los principales clientes “por entender que tienen mayores intereses económicos”.

Obra social

Catalunya, sin embargo, ha logrado que el espíritu de la norma que regula la obra social perdure. De este modo, las fundaciones bancarias desempeñarán esta actividad con los beneficios que obtengan de la participación en entidades financieras u otras inversiones.

El proyecto ajusta la definición de caja de ahorros, pero preserva su histórica función. “Son entidades de crédito de carácter fundacional y finalidad social”.