Coletazo «ultra liberal» del PP: los pisos sociales de Madrid saldrán a bolsa el lunes
Amnistía Internacional advierte de que en España la desprotección aumenta por la venta del parque de viviendas a los fondos de inversión
El fondo inversor que adquirió 2.688 viviendas de protección social en Madrid empezará a cotizar en bolsa el próximo lunes. El gobierno del Partido Popular (PP) en el ayuntamiento zanjó el trato con Blackstone para lograr recursos adicionales al presupuesto público.
El paquete de medidas privatizadoras impulsadas en paralelo en la Comunidad y el consistorio por Ignacio González y Ana Botella, respectivamente, también abrió la sanidad pública a la gestión externa. Fue descrito por la oposición en ambas instituciones y por los agentes sociales como «ultra liberal». La nueva presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, destacó en el debate de investidura que no acometerá políticas similares.
La actual alcaldesa, Manuela Carmena (Ahora Madrid), pretende rescatar, al menos, la mitad de las viviendas sociales que se sitúan en la capital. La maniobra financiera en ciernes complicará los objetivos de la nueva primer edil. El fondo tiene una empresa gestora, Fidere Patrimonio, que será el instrumento que debutará en los mercados. La valoración ascenderá a 212 millones de euros.
Una socimi más
El Mercado Alternativo Bursátil (MAB) ha autorizado este miércoles el inicio inmediato de las operaciones, según ha reconocido el propio organismo rector. El consejo de administración del fondo ha fijado el precio de referencia de las acciones en 21,08 euros. Las negociaciones empezarán, por tanto, a fluctuar desde ese nivel y los inversores podrán ganar (o perder) dinero con viviendas destinadas a cubrir emergencias sociales.
Los pisos madrileños de protección se incorporarán al MAB en la misma categoría que ocupan las socimis –vehículos de inversión inmobiliaria de grandes fortunas—. Hoy por hoy, existen 30 empresas cotizadas de este segmento. Fidere actuará como una empresa más del sector. En el folleto remitido al MAB, deja claro que su política de alquiler de los pisos comprados al ayuntamiento ya no se rige por criterios sociales.
Para analizar la solvencia de los actuales inquilinos, éstos tendrán que presentar las últimas nóminas y demostrar que el porcentaje de la mensualidad no supera el 40% de los ingresos netos. Tampoco deberán figurar en registros de morosos si quieren conservar la vivienda.
AI: «Crece la desprotección»
Los nuevos regidores madrileños han criticado fuertemente la venta de inmuebles públicos y amenazan con aumentar la carga impositiva a los pisos vacíos en manos de fondos y bancos. Por su parte, Amnistía Internacional (AI) advierte de que España cuenta con un parque muy reducido de viviendas de protección social si se toman como referencia los vecinos europeos.
La organización también recalca que la desprotección se ha expandido en los últimos años por la venta de los pisos a fondos de inversión. De acuerdo con los datos de AI, el Ayuntamiento de Madrid disponía en 2013 de unos 4.700 pisos sociales. La Comunidad de Madrid tenía 20.600.
