Bruselas recibe 12.000 quejas por la resolución del Popular

Unos 12.000 afectados por la resolución del Banco Popular han elevado sus quejas ante la Junta Única de Resolución para poder ejercer el derecho de audiencia contemplado en la segunda fase del procedimiento, que se abrirá el 6 de noviembre.

Así lo reconoció la presidenta de la JUR, Elke König, quien reconoció que recibieron “12.000 expresiones de interés entre accionistas y bonistas». Este trámite, prácticamente una identificación como tenedor de instrumentos financieros relevantes del banco, permite ejercitar el llamado derecho de audiencia, una garantía que permite trasladar a la Junta Única de Resolución “comentarios” sobre la decisión preliminar que dejó sin compensación a los afectados por la caída del Popular.

El pasado agosto, el organismo resolvió que los inversores atrapados en la entidad habrían sufrido mayores pérdidas en caso de un procedimiento normal de insolvencia, por lo que consideró que no correspondía indemnizarlos. No obstante, antes debe escuchar a los afectados en una segunda fase que transcurrirá entre el 6 de noviembre y durará “tres semanas”, según aclaró Köning. Unas 12.000 personas han reclamado este derecho.

Los tribunales acumulan trabajo con el Popular

Al margen de este procedimiento interno, para los inversores continúa abierta la vía judicial. Las demandas han superado el centenar en España, a las que se suman otras ejercidas en Europa y Estados Unidos.

De hecho, el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York tomará esta semana una decisión sobre la acción judicial emprendida por el grupo de inversores mexicanos liderado por Antonio del Valle y los fondos de inversión Pimco y Anchorage Capital.

 El tribunal decidirá sobre si obliga a Banco Santander a revelar documentación clave sobre la resolución de Banco Popular y su posterior venta por un euro a la entidad que preside Ana Botín.