Botín gasta casi 1.000 millones en dos años para integrar el Popular
La integración tecnológica, el cierre de oficinas y el ERE cuestan a Banco Santander 600 millones en 2019 y más de 300 millones en 2018
Las facturas que deja la digestión del Popular van más allá de la asunción del ladrillo tóxico y de los problemas de solvencia que atravesaba la entidad cuando la Junta Única de Resolución decidió poner punto final a su trayectoria. El proceso que provocó la desaparición de la marca Pastor de las calles, o lo que es lo mismo, la asimilación por parte de Banco Santander de la red de oficinas y de la plantilla del Popular, ha conllevado un coste de casi 1.000 millones de euros en dos años.
Así consta en la memoria de ejercicio de la entidad que preside Ana Botín, que anota un gasto de 600 millones por “costes de reestructuración” en España, la inmensa mayoría atribuibles a la absorción de Banco Popular. De hecho, encaja con la previsión que tenía el Santander, que ya en las cuentas semestrales había anotado esos 600 millones de gasto extraordinario por el ERE que aplicó a más de 3.000 trabajadores.
A estos 600 millones hay que añadir otros 320 millones de gasto en el que se incurrió en 2018. En esta partida se incorpora la adaptación del centro corporativo y la reestructuración de los servicios centrales para integrar los dos que tenían operativos Santander y Popular. Entre los dos años, 920 millones.
Además de reducir plantilla, el Santander recortó la red en 1.150 oficinas al detectar duplicidades y acometió en paralelo la integración tecnológica de los sistemas de los dos bancos. Este proceso terminó el pasado verano, cuando todas las sucursales empezaron a operar bajo una única marca, la del Santander.
