Así acabaron los primeros banqueros de las cajas en prisión

José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada, Julio Fernández Gayoso y al asesor jurídico Ricardo Pradas son desde este lunes los primeros antiguos responsables de una caja de ahorros en cumplir condena. Los cinco ex mandatarios de Novagalicia han ingresado en prisión para cumplir los dos años de cárcel a los que fueron condenados en octubre de 2015 por la Audiencia Nacional por un delito de administración desleal y otro de apropiación indebida por las prejubilaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad bancaria.

El ingreso se produce después de que la Audiencia Nacional denegase la suspensión de la condena. Previamente, el caso había llegado hasta el Supremo. El alto tribunal decidió el pasado mes de septiembre no variar las penas a pesar de considerarlas «desproporcionadas», pero no por su exceso, «sino claramente por su exigüidad desde la perspectiva de la gravedad de las conductas». No obstante, la Sala de lo Penal no pudo incrementarlas porque ninguna de las partes reclamó la revisión al alza de la sentencia.

Todo bien atado

La Audiencia Nacional fue especialmente dura con Julio Fernández Gayoso y su asesor jurídico desde la etapa de Caixanova, Ricardo Pradas, a los que además de la pena de dos años de cárcel, les impone una multa de 250 euros diarios durante diez meses como «colaboradores necesarios» en los delitos de los exdirectivos. El auto les acusa de «urdir» el plan para mejorar los contratos y cobrar después indemnizaciones millonarias. Gayoso se encargaría de acelerar «todo lo que pudo» la aprobación de los contratos antes de que el Banco de España tuviese constancia de los mismos, mientras que, a juicio del tribunal, Pradas «excedió del mero error formal, al obviar las normas legales aplicables íntegramente a los mismos», señala el documento.

Para José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán, el juez dictó la misma pena por un delito de administración desleal y apropiación indebida, al considerar su comportamiento como «desleal» hacia la compañía en la que ejercían como administradores, a la que ocasionaron un «perjuicio patrimonial» obrando únicamente en beneficio propio.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción, que inició todo el proceso en 2012, también incluía a Javier García de Paredes. Sin embargo, el que fuera director general adjunto de la entidad fue absuelto tras retirarse las acusaciones contra él. El fallo de la Audiencia entiende que el único directivo procedente de Caixa Galicia «les proporcionó la coartada perfecta» al resto de acusados al contar con un contrato de similares características al que ellos se confeccionaron.

Responsabilidad civil

Además, la Audiencia Nacional obliga a devolver «como responsables civiles directos» a Pego y a Gorriarán 10,3 millones de euros de los cerca de 22 cobrados indebidamente, de los cuales 6,4 serán abonados por el entonces director general de la entidad, mientras que los 3,9 restantes corresponden al responsable de la dirección de la división inmobiliaria del banco. Los otros tres acusados fueron declaraddos «responsables civiles solidarios en el abono de la cantidad que cada acusado como responsable civil directo debe satisfacer individualmente».

A la hora de dictar el ingreso en prisión de los ex directivos, la Audiencia Nacional ha valorado la gravedad de los hechos, así como el dictamen del Tribunal Supremo –que considerara benévola la pena de dos años–. También ha pesado el hecho de que ninguno de los condenados haya devuelto el dinero que se fijó en sentencia y que todavía tengan causas pendientes con la justicia.