Acouga activa la defensa de miles de afectados gallegos del Popular

La Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga) entrará como acusación en la querella criminal presentada en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de Madrid contra Banco Popular y su consejo de administración. La asociación da este paso tras recibir, según calculan, unas 2.000 consultas de afectados gallegos por la caída del banco, en lo que supone el primer movimiento de cara a poder reclamar indemnizaciones y buscar una solución colectiva para que los clientes de Galicia recuperen su dinero.

La resolución del banco y la posterior compra por parte del Santander por un euro, llevó aparejada la pérdida de la inversión de los accionistas, que al igual que sucedió con Novagalicia, han acudido a los juzgados para buscar una solución. La caída del Popular tuvo especial impacto en Galicia, pues muchos clientes del Pastor permutaron sus acciones cuando la entidad fue absorbida por el banco dirigido entonces por Ángel Ron.

Al personarse como acusación en la querella donde están otras entidades, como Adicae o la OCU, Acouga tendrá acceso a la documentación, lo que le permitirá “dar respuesta a los prejuicios sufridos por los accionistas minoritarios que no pueden acudir a la vía civil por los valores adquiridos en la ampliación de capital de junio del año pasado”, explica la asociación.

Acouga: «Priorizamos la indemnización, que los consumidores gallegos cobren»

Xoán Antón Pérez Lema, secretario xeral de la organización, destacó el importante impacto en Galicia en la resolución del banco, debido a los numerosos clientes que “permutaron las acciones del Pastor por las del Popular en noviembre de 2012” y apuntó a posibles presiones desde la dirección del banco a sus clientes para que participasen en la última ampliación de capital, ejecutada bajo la dirección de Ron el verano de 2016.

«Priorizamos la indemnización, queremos que la gente cobre. También continuaremos ejerciendo la acción penal, pero estamos para que cobren los consumidores gallegos», zanjó el abogado, que no descartó que Acouga pueda presentar más adelante su propia querella.

Los consejos de administración, investigados

Por el momento, la Fiscalía solicitó que se tome declaración como investigados (anteriormente, imputados) a los miembros de los dos últimos consejos de administración, incluído por tanto el que presidió Emilio Saracho, y que se incluya como investigada a la firma auditora, PwC. Investigan posibles delitos de falsedad documental, apropiación indebida o administración desleal, entre otros.

«El proceso será largo, unos 2 o 3 años», vaticina Pérez-Lema, quien se comprometió desde Acouga para dar una solución gallega a los usuarios que no se vean representados en otras entidades promotoras de la acusación particular.