Acaba el plazo para que los afectados por cláusulas suelo con sentencia firme reclamen
Este viernes es el último día para tratar de recuperar el dinero cobrado de más por los bancos por la vía del incidente excepcional de nulidad de actuación
El Gobierno tiene previsto dar a conocer este viernes la extrajudicial a las cláusulas suelo. Sin embargo, hay un colectivo de afectados, los que tienen ya sentencia firme, que disponen precisamente hasta esa fecha de un recurso judicial para tratar de recuperar parte del dinero abonado a los bancos.
Como explica la abogada Belén Lueiro, existen afectados de muy diversa consideración a los que el Supremo decretó la nulidad de sus cláusulas y les negó la retroactividad y recuperar todo lo que le han cobrado. Otras, simplemente, limitaban esas cantidades hasta la última aclaración de sentencia por parte del alto tribunal, es decir, sólo les reconocía el derecho a percibir el dinero desde el 9 de mayo de 2013.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el pasado 21 diciembre que esa limitación temporal sobre lo que sería objeto de devolución se opone al derecho español y comunitario y que, por tanto, la nulidad de las cláusulas suelo no puede hallarese limitada.
Solución alternativa
Esto abre la puerta a que los afectados con sentencia firme acudan nuevamente al juzgado, esta vez por la vía del incidente excepcional de nulidad de actuación, una figura procesal que permite recurrir una sentencia firme ya dictada por la vulneración de un derecho fundamental. El problema es que tiene un plazo establecido legalmente desde que se conoce la causa, en este caso la publicación de la sentencia del TJUE, de 20 días hábiles. Es decir, hasta este jueves –se publicó el pasado 21 de diciembre– , aunque el plazo de presentación expira el viernes 20 a las 12.00 horas.
La ley procesal permite una segunda vía, apunta Lueiro, que consistiría en pedir la revisión de la sentencia ante el Supremo. Sin embargo, como apunta la abogada, esta posibilidad es más costosa –sólo presentarla supone desembolsar 300 euros, al margen de lo que cobren abogado y procurador–. Además, apunta, está sujeta a una serie de condicionantes que en este caso concreto no se cumplen en su totalidad, por lo que la letrada considera que «no es la adecuada».
