¿Y si la multa al ‘cártel lácteo’ la acaban pagando los ganaderos?
La Unión de Pequeños Agricultores teme que la industria repercuta sobre los ganaderos los 80 millones de multa y reclama que se destinen a ayudas
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) no acoge con la alegría que correspondería la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las industrias lácteas por valor de 80 millones, toda vez que la multa penaliza la concertación de precios entre las grandes empresas para perjudicar a los ganaderos. Sin embargo, la agrupación teme que poco o nada bueno traiga al sector la sanción.
UPA expresó esos “sentimientos encontrados” entre los productores, pues si por un lado muestran su satisfacción al considerar que «siempre es agradable tener razón», por otro confiesan su temor a que las empresas sancionadas repercutan ahora la sanción en los precios pagados a los ganaderos.
Las grandes del sector
Entre las multadas están los principales operadores del sector, responsables de la mayoría de la leche recogida en las granjas: Calidad Pascual, Danone, Lactalis, Nestlé, la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga), Central Lechera de Galicia (Celega), Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica).
También formaban parte del cártel, según Competencia, Feiraco, Leche Río, Leche Celta y Central Lechera Asturiana, pero sus infracciones habrían prescrito. En cualquier caso, las empresas recurrirán por la vía judicial la sanción, que ya fue anulada por la Audiencia Nacional en una ocasión al ordenar repetir parcialmente el procedimiento.
El dinero de la sanción, para ayudar a los ganaderos
UPA considera que ha quedado «de sobra demostrado» que todas las empresas lácteas de España se ponían de acuerdo para mantener hundidos los precios que percibían los ganaderos. Mientras las empresas «usan a sus ganaderos» en campañas de publicidad para blanquear su imagen, «por detrás nos dan puñaladas traperas», señalan desde la organización agraria.
De esta forma, la organización ha solicitado que tanto Competencia, como el Ministerio de Agricultura –en especial la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)– «vigilen ahora muy de cerca al cártel lácteo» para que no repercutan la multa en los más débiles: los ganaderos y ganaderas, o incluso los consumidores.
UPA ha exigido a las empresas «que se dejen de recursos» y asuman la multa, al tiempo que propone que este importe se destine íntegramente a ayudar al sector ganadero en la situación de «crisis profunda» en la que se encuentra, así como a luchar contra la despoblación.