Xunta y patronal gallega, de la mano contra la gestión de Sánchez
Gobierno gallego y CEG indican que la decisión de Sánchez de emplear en el pago de subsidios partidas de formación tendrá un impacto de 100 millones
Xunta y patronal han hecho frente común contra la decisión del Gobierno central que posibilita que los ingresos derivados de la cotización por formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores puedan aplicarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo. Tanto la administración gallega como la Confederación de Empresario de Galicia (CEG) indican que esta medida podría suponer la pérdida de 100 millones de euros destinados a desempeñar políticas activas de empleo. Es decir, para poder pagar los subsidios extraordinarios a trabajadores por causa del estado de alarma, el Ejecutivo echará mano a la hucha de los comúnmente llamados fondos de formación.
En un comunicado, la CEG, que mantiene en su portavocía al empresario coruñés Antonio Fontenla, califica de “poco razonable” la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de que “recursos de las políticas activas de empleo puedan dedicarse a financiar subsidios”.
«La caída esperada del PIB, la destrucción de tejido empresarial y las altas cifras de personas desempleadas son el escenario post-virus que nos espera, y sobre el cual debemos trabajar para atenuar sus efectos sobre la población gallega, los fondos para el empleo y para la formación son, si cabe, más necesarios que nunca. Es por ello por lo que no compartimos que se hipotequen a sabiendas de que son una herramienta fundamental para tratar la crisis que sabemos vamos a tener que afrontar», indica la organización, que carece de presidencia desde enero de 2018.
Rompe el diálogo con las autonomías
Por su parte, en una comunicación al margen, el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, denuncia que esta decisión supone romper «el consenso, el diálogo y la corresponsabilidad» que el Ejecutivo central debía mantener con las autonomías.
«Supone intentar limitar las competencia de la comunidad autónoma, atacar el principio de suficiencia financiera, y, por tanto, es una decisión que rompe cualquier tipo de diálogo y de consenso en un contexto en el cual lo que necesitan los ciudadanos es, precisamente, una respuesta conjunta de las administraciones», clama.
Cien millones para formación
Según explica la Xunta, a Galicia se le van a aportar 81 millones para partidas de empleo y modernización, pero no los fondos correspondientes a formación, que estima en 100 millones si en el reparto final se aplica un incremento porcentual similar a 2019.
Al respecto, Conde lamenta que esta decisión supondrá «una pérdida de oportunidades» para trabajadores y empresas puedan «salir de esta situación en mejores condiciones». Apunta que esta financiación está prevista para la formación en la Industria 4.0, automoción, naval y diferentes talleres, entre otros.
Yolanda Díaz se defiende
A pesar de las críticas, que también se han reproducido en otras comunidades como Madrid, Cataluña, País Vasco o Andalucía, el Ministerio de Trabajo confía en que «las autonomías entiendan que el país está atravesando una situación excepcional a causa de una crisis sanitaria sin precedentes».
Así lo ha manifestado la ministra del ramo, la gallega Yolanda Díaz, quien, durante una conferencia sectorial celebrada este miércoles, ha explicado a los consejeros autonómicos que precisamente por la crisis del Covid-19, y cumpliendo la normativa sanitaria, este año no se podrá hacer la mayor parte de la formación. Fuentes del Gobierno aclaran que la disposición es solo para este año 2020 y se relaciona con las medidas excepcionales para afrontar la crisis sanitaria.
Las mismas fuentes aseguran que habrá una segunda conferencia sectorial en la que se tratará el eventual reparto de fondos adicionales a las comunidades cuando se sepa cómo queda el ejercicio.
