La Xunta alienta un plan alternativo para la Fábrica de Armas
La Xunta abre la puerta a financiar una alternativa industrial al proyecto de Hércules de Armamento en la Fábrica de Armas de A Coruña, cuyo futuro es incierto
Hércules de Armamento está a punto de escribir otra página negra en la historia de la Fábrica de Armas de A Coruña. El cese de la actividad fabril en las instalaciones de Pedralonga está cada vez más cerca. El Ministerio de Defensa ya ha comenzado a tramitar el rescate de la concesión y pocos son los que confían en que la factoría vuelva a abrir sus puertas.
Al igual que sucedió cuando General Dynamics anunció su marcha de A Coruña, los políticos entran de nuevo en escena para tratar de evitar el cierre definitivo de las instalaciones. Lo hacen veladamente, alentando alternativas que de momento nadie ha puesto sobre la mesa.
Este viernes el conselleiro de Economía e Industria de la Xunta, Francisco Conde, en un intento a la desesperada por evitar el cierre de unas instalaciones que en su día fueron punteras, abría la puerta a que la Xunta –que hasta ahora había optado por mantenerse en un discreto segundo plano– pudiese avalar otros proyectos industriales en caso de que el departamento que dirige María Dolores de Cospedal decidiese dar la puntilla a Hércules de Armamento.
El titular de Economía, en declaraciones recogidas por la Cadena Ser, parecía dar por amortizado el proyecto de la actual concesionaria, aunque en un momento dado aprovechó para emplazar a sus directivos a cumplir las condiciones del contrato, esas que llevan meses incumpliendo y que les han llevado a este callejón sin salida.
Sin opciones
Las alternativas ahora mismo no son muchas. Grupo IFFE, la empresa que se rivalizó con la firma que preside Ramón Mejuto para hacerse con la concesión, tiene complicado recuperar el plan industrial que propuso hace tres años, cuando salió a concurso por última vez.
Otras empresas, como Mecanizados Escribano, estuvieron a punto de sumarse al proyecto de Hércules de Armamento, pero fue precisamente la falta de apoyos por parte de la Administración autonómica la que frenó el desembarco en el capital de la sociedad.
Como bien reconocía el conselleiro, en cualquier caso es el Ministerio de Defensa el que tiene la última palabra sobre esta cuestión. Y de momento no se ha pronunciado. Ni siquiera insinuado.
