Lluvia de denuncias por el caos de las Cíes
La Xunta sopesa llevar a la Fiscalía a las navieras mientras los usuarios presentan denuncias y decenas de reclamaciones a Consumo
La polémica suscitada por la sobreventa de billetes a las Islas Cíes está llamada a resolverse en los juzgados. En poder de la Policía Nacional de Vigo obran tres denuncias, una de ella colectiva, contra una de las navieras que presta el servicio de transporte al Parque Nacional, confirmó la Comisaría. Además, hay más de 30 reclamaciones (alguna también colectiva) presentadas en los últimos días por los afectados ante el Instituto Galego de Consumo. Y la Xunta podría poner la guinda si finalmente decide llevar el caso ante la Fiscalía.
Este martes, la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, avanzó esta posibilidad. Al parecer, el Ejecutivo autonómico estudiará acudir a la Fiscalía para analizar si se cometió falsedad documental en la emisión de los pasajes.
Las navieras acumulan varias denuncias y reclamaciones ante el Instituto Galego de Consumo
Mientras tanto, Piratas de Nabia ha sido la primera de las cinco navieras que opearan las rutas con el Parque Nacional que ha dado la cara. Ha reconocido que emitió más billetes de los que establecía el cupo –como máximo pueden acceder a las islas 2.200 personas al día–. Si bien, la portavoz de la empresa denunció que no es algo novedoso, ya que otros años se produjeron episodios similares, y apunta la posible existencia de un trasfondo político en todo este asunto.
Críticas por varios frentes
Desde las patronales también se han pronunciado. Los empresarios de Pontevedra han afeado a la Xunta el “haber mirado para otro lado” hasta ahora, al tiempo que le han exigido medidas urgentes para «dar un vuelco» a la «mala imagen» que se ha creado como consecuencia de los problemas de sobreventa de billetes a Cíes.
El grupo municipal Marea de Vigo, por su parte, ha repartido culpas entre el alcalde, Abel Caballero, al que recuerdan que convertir este ecosistema en «un segundo Samil» no es compatible con la pretensión de que las islas sean Patrimonio de la Humanidad; al Gobierno gallego, por no haber sido capaz de controlar la acción de las navieras, que califica de «corsaria e irresponsable».
