Vuelco en el caso Alvia: la Fiscalía retira la acusación contra el exjefe de seguridad de Adif
El fiscal considera que Andrés Cortabitarte no incumplió la normativa en sus funciones como director de Seguridad en la Circulación y que antes del siniestro no había sido identificado el riesgo de exceso de velocidad en la curva
La recta final del juicio por el accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois el 24 de julio de 2013 ha arrancado con la retirada por parte del fiscal Mario Piñeiro de la acusación contra el ex director de seguridad del administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif), Andrés Cortabitarte.
En sus conclusiones provisionales, el representante del Ministerio Público pedía cuatro años de cárcel tanto para él como para el maquinista, Francisco Garzón, por 80 homicidios y 145 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave.
Al inicio de la fase final del juicio, poco antes de que se cumplan 10 años de la tragedia, el fiscal ha planteado una modificación en sus conclusiones a la jueza, que lleva el proceso desde el pasado mes de octubre.
«No infringió el deber que ostentaba»
La Fiscalía ha modificado por completo las conclusiones acerca de las eventuales responsabilidades del ex alto cargo de Adif, Andrés Cortabitarte, ya que en su informe provisional advertía que «el trágico accidente no habría sucedido» si como máximo responsable de la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif «hubiese evaluado y gestionado el riesgo de exceso de velocidad» que existía en ese punto de la línea.
Ahora, según ha informado ante la presencia tanto de Cortabitarte como de Garzón, obligados a asistir al juicio en esta jornada, eso «se sustituye por lo siguiente»: «En su condición de director de seguridad no infringió el deber que ostentaba» y actuó «de acuerdo con los procedimientos incluidos en el sistema de gestión» de Adif, aprobado por la autoridad nacional y con una metodología «basada en normativa europea».
De este modo, según el nuevo relato de Fiscalía, la línea Ourense-Santiago de alta velocidad, en la que un tren Alvia descarriló en un tramo sin el sistema de seguridad ‘ERTMS’ por un cambio de proyecto, «fue diseñada de acuerdo con las normas técnicas» y acorde a los «códigos prácticos» de Adif.
Considera el fiscal que se realizó «un análisis de riesgos que requiere un dossier que analizó la seguridad» de la línea y que «los riesgos se estimaron tolerables».
De hecho, asume argumentos de Abogacía del Estado al resaltar que «en otras líneas se circula a 200 km/h con el sistema ‘Asfa’ (…) y la fuente de riesgo, el cambio significativo de velocidad, no fue identificado como factor de riesgo con anterioridad a este accidente y posteriormente se identificaron otros 400 puntos en toda la línea de la red general».
Resto de acusaciones
Por su parte, las acusaciones populares, la asociación de perjudicados Apafas y la plataforma de víctimas, han mantenido sus conclusiones, de modo que solicitan cuatro años de cárcel para Cortabitarte y también cuatro para el maquinista. Por su parte, el letrado de la plataforma de víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo, ha elevado a seis la demanda de inhabilitación para Cortabitarte.
En su día, las víctimas agrupadas en esta plataforma, la más activa en las reivindicaciones para que haya «reparación» y se depuren responsabilidades, celebraron una asamblea en la que mayoritariamente mostraron su parecer acerca de que el ex alto cargo de Adif tiene «más responsabilidad» que el maquinista en lo sucedido. En cualquier caso, entendieron que debía ser su abogado el que, por cuestiones técnicas, plantease las conclusiones definitivas.
Apoyo al maquinista
Una representación del colectivo de maquinistas ha acudido a la sesión del juicio como muestra de apoyo a su compañero Francisco Garzón. «Venimos a apoyar a esta persona que creemos que al final es una víctima más en este proceso y que necesita estar arropado por todos sus compañeros y compañeras del colectivo de maquinistas español», ha destacado uno de los representantes del Semaf, el sindicato de maquinistas.
Al respecto, ha asegurado que «en todo el proceso» han estado apoyando «y arropando al compañero», cuyo abogado, Manuel Prieto, pertenece al Semaf.
Ahora, según ha subrayado este portavoz, entendían «que era fundamental el acompañarle y el estar presente en el proceso y que se sienta arropado por todo el colectivo». «Porque nos sentimos tanto identificados como con la necesidad de respaldar y apoyarle sobre todo en esta conclusión del proceso», ha incidido.
Preguntado sobre si tienen un contacto habitual con él, ha señalado que sí, «toda la organización», y acerca de su estado de ánimo en este momento, ha indicado que espera «que se resuelva ya este proceso que ha durado» casi una década. Después, ha recalcado, le seguirán «prestando apoyo y arropando hasta el final».
En cualquier caso, ha rechazado entrar a valorar «si le han criminalizado o no» y ha apelado a ver «cómo concluye todo el proceso».