Villar-Mir y Entrecanales se repartirán 1.000 millones en la Ciudad de la Justicia de Madrid

La tensión se masticaba, ayer martes, en la sede de la Comunidad de Madrid por ver quién se llegaba la jugosa concesión de 30 años para construir y gestionar la futura Ciudad de la Justicia de Madrid en Valdebebas.

Tras dos aplazamientos, los representantes de las dos UTEs finalistas (OHL y Acciona por un lado, y Ferrovial y ACS por el otro) acudían tensos a la madrileña Puerta del Sol para conocer los detalles de la puntuación recibida por las respectivas propuestas técnicas y económicas.

No hubo que esperar mucho. Enseguida se vio quién iba a ser el ganador. Bastó que el secretario de la mesa de contratación, Federico Lázaro, cantara las puntuaciones recibidas por ambas propuestas técnicas, para comprobar que la suerte estaba echada en favor de una de las UTE, la de OHL y Acciona.

Diferencia abrumadora

El resultado, a favor de la oferta presentada por las filiales de estos dos grupos sobre la de Ferrovial y ACS, no dejaba lugar a dudas. 358,31 puntos de una por los 270,89 de la otra. Con tal diferencia, la oferta económica –muy similar en ambos casos– sobraba. Al final, fueron meros hechos subjetivos y no la mera competición de los datos económicos los que decidieron el ganador.

Así que, a falta del informe final de la mesa con la propuesta de adjudicación, serán las concesionarias presididas por Juan Miguel Villar-Mir y Juan Manuel Entrecanales, las que se queden con este goloso megaproyecto, con el que ambos grupos se repartirán más de 1.000 millones de euros de beneficios al cabo de 30 años.

La solución arquitectónica marca la diferencia

De los 13 criterios evaluables, el proyecto de OHL y Acciona se impuso en 12 y solo en uno, el relativo a la accesibilidad a los edificios, ambas ofertas recibieron la misma puntuación. La mayor diferencia se produjo en la evaluación del planteamiento de la solución arquitectónica.

Las soluciones formal y funcional, la impronta del edificio y su eficiencia energética de la ganadora fueron puntuadas con 171,5 puntos, mientras que las empresas de Florentino Pérez y Rafael del Pino se quedaron con solo 113,8 puntos. «No hay nada que hacer con tanta diferencia», comentaban apesadumbrados los perdedores, descartando que vayan a presentar alegaciones en los dos días hábiles de que disponen.

A la baja

De no haberse producido tal diferencia en la propuesta técnica, habrían entrado en juego los números que cada uno había ofertado. En este caso, la pugna hubiera resultado mucho más intensa, ya que las diferencias entre una y otra eran mínimas. Y ambas por debajo de los números que había contemplado la Comunidad de Madrid en el pliego de licitación.

El Gobierno regional había estimado el valor del contrato en casi 772 millones de euros, de manera que el concesionario tendría que aportar algo más de 483 millones de euros, tras descontar los 300 millones que la Comunidad de Madrid contabiliza como aportación por el suelo, la urbanización y el Instituto de Medicina Legal, el único edificio que llegó a iniciarse y que está sin terminar. Otros 64 millones se fijaban como inversión de reposición durante los 30 años de la concesión.

1.600 millones de ingresos brutos

A partir de estos números se fijaban unos costes de explotación de 389 millones de euros,  que quedarían ampliamente cubiertos por los 1.600 millones contemplados como ingresos.

La mayoría, algo más de 1.000 millones (a razón de 39,3 millones anuales), a pagar por la Comunidad de Madrid por servicios a la Administración. Unos 360 millones por el alquiler de espacios a terceros, cerca de 200 por la explotación de 3.000 plazas de aparcamiento y un resto de 15 millones encuadrados como otros ingresos de explotación. Reduciendo los ingresos al total de costes saldría ese neto de unos 1.200 millones de euros.

100 millones menos

Pues bien, con la oferta de Villar-Mir y Entrecanales, los 484 millones inicialmente proyectados por la Comunidad de Madrid para llevar a cabo la obra civil se quedarán en 378 millones (el 7% gastos financieros), mientras que la inversión de reposición se reducirá de 64,5 a 57,2 millones de euros.

O sea, 100 millones menos de inversión inicial durante los 3 años que durarían las obras –hasta mediados de 2018 si comienzan este verano– al haber comprometido una reducción de un año en la ejecución de las obras.

En cuanto a la mayor partida de ingresos, la que pagará anualmente la Comunidad de Madrid por prestación de servicios, la UTE OHL-Acciona contempla un pago ligeramente inferior al previsto, que se quedaría en 37,3 millones de euros anuales, pero a cobrar un año más. En lugar de 26 años, lo haría en 27, al entrar en marcha la explotación un año antes. De manera, que serían algo más de 1.000 millones los que abonaría el Gobierno regional hasta que finalice la concesión en junio de 2045.