Villar-Mir y Entrecanales se quedan sin los 1.000 millones de la Ciudad de la Justicia

El megaproyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid está gafado. Por segunda vez, la Comunidad de Madrid desestima una polémica actuación y permite a la presidenta regional Cristina Cifuentes respirar tranquila, ya que en ningún momento vio clara una operación que su predecesor en el cargo, Ignacio González, había ideado deprisa y corriendo.

Al final, la demora en resolver un recurso presentado por Corsán-Corviam le ha venido a Cifuentes como anillo al dedo para justificar el descarte de un proyecto que, de no ser por este litigio, González hubiera adjudicado, sobre la bocina, en el último Consejo de Gobierno que presidió antes de dar el relevo a Cifuentes.

Y lo hubiera hecho a la UTE formada por OHL y Acciona, que habían logrado la mejor puntuación, de manera que las concesionarias de Juan Miguel Villar-Mir y Juan Manuel Entrecanales se hubieran repartido, por la construcción de las instalaciones judiciales, más de 1.000 millones de euros de beneficios durante los 30 años de la concesión.

El 15 de junio, el principio del fin

El principio del fin de esta desestimación final del proyecto se produjo el pasado 15 de junio, tres semanas después de las pasadas elecciones autonómicas estando todavía en funciones el Gobierno presidido por González.

En el mismo acto en el que la mesa de contratación proponía la adjudicación de la concesión a la UTE de OHL y Acciona, también advertía de la necesidad de suspender la tramitación del expediente para impedir la adjudicación definitiva, mientras no se resolviera el contrato vigente con Corsán-Corviam, relativo al anterior proyecto.

Contrato de 43 millones

La constructora del grupo Isolux, presidido por Luis Delso, había firmado, en junio de 2007, un contrato de 43 millones de euros con la sociedad Campus de la Justicia –la promotora del primer proyecto fallido– para redactor el proyecto y ejecutar las obras del edificio que debía albergar los juzgados de lo Social y de lo Mercantil. Entre enero y diciembre de 2008 entregó los proyectos, pero ahí se quedó la cosa.

Seis años después, tras el anuncio de disolución de la sociedad Campus de la Justicia por parte de la Comunidad de Madrid y la posterior puesta en marcha del nuevo proyecto, Corsán-Corviam presentó escrito de alegaciones, a las que el Gobierno regional no prestó mayor atención.

Recurso

Ante esto, la constructora presentó, en marzo de 2015 –un mes después de que se iniciara la contratación para adjudicar el nuevo proyecto–, un recurso especial ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid contra la convocatoria, los pliegos, el anteproyecto y el estudio de viabilidad de la nueva concesión.

El tribunal desestimó el recurso en cuanto a la pretensión de nulidad de los pliegos, pero ya advertía de que no debía adjudicarse la concesión mientras no se resolviera el contrato vigente con Corsán-Corviam.

No es la única reclamación que el grupo presidido por Delso hace en relación al primer proyecto fallido. En julio de 2014, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 6 de Madrid, la Comunidad de Madrid pagó 4,2 millones de euros a la empresa Aparcamientos Isolux Corsán tras anular el proyecto del Campus de la Justicia, y con él la adjudicación de los aparcamientos que había logrado por un periodo de 30 años.

Decisión cantada

Como paso previo al desestimiento definitivo, el Ejecutivo regional presidido por Cifuentes – ya en julio pasado, nada más tomar posesión como presidenta– anunciaba la suspensión del procedimiento, aunque abría un plazo de tres meses para pedir una ratificación de las ofertas a las empresas que se presentaron a la licitación. Se trataba de una mera formalidad que no iba a llegar a ninguna parte, como acaba de ponerse de manifiesto con el anuncio de la renuncia.

La que ha justificado la Dirección General de Justicia y Seguridad por no haber resuelto los contratos –los de Corsán y los de los arquitectos Ángel Borrego y Rafael de la Hoz– antes de iniciar el procedimiento de contratación de la Ciudad de la Justicia.

A partir de aquí, el Gobierno de Cifuentes deja abierta la posibilidad de abordar en el futuro un nuevo proyecto de concentración de sedes judiciales, «haciéndolo con el mayor consenso posible con jueces y magistrados, colegios de abogados y procuradores y el resto de colectivos implicados», aseguran. El desestimiento «no puede ser a coste cero», apuntaba en julio el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido.