Villar-Mir liquida un negocio paupérrimo

«No se derivarán quebrantos para el grupo». Así zanjaba OHL en sus cuentas de 2015 las consecuencias que pudieran derivarse de los litigios que mantiene con la Comunidad de Madrid acerca de la concesión del tren cercanías entre las localidades de Móstoles y Navalcarnero. La que una filial del grupo presidido por Juan Miguel Villar-Mir se adjudicó en 2007, meses antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. 

Pero los quebrantos ya han llegado con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de denegar a la filial de OHL la suspensión cautelar de la multa de 34 millones de euros impuesta por la Comunidad de Madrid, el pasado 11 de febrero, por incumplimiento de contrato. 

La Consejería de Transportes, dirigida por Pedro Rollán, al imponer la sanción, daba a la concesionaria un plazo de 5 días para pagarla y le apercibía de la incautación de casi 16 millones de las garantías aportadas y del inicio de la vía de apremio para recuperar los algo más de 18 millones restantes hasta cubrir el importe de la multa.

Último plazo para terminar las obras

Además, obligaba a OHL a reanudar y finalizar las obras comprometidas en un plazo de 16 meses. A más tardar, en junio de 2017. La respuesta de la concesionaria Cercanías Móstoles-Navalcanero al auto del TSJM ha sido inmediata, con la solicitud de concurso voluntario de acreedores por encontrarse en situación de insolvencia. 

Se trata de uno de los dos litigios interpuestos por OHL en este asunto. Queda otro por dilucidar. El de mayor enjundia, por el que la concesionaria del grupo presidido por Villar-Mir reclama la resolución de la concesión y el pago de una indemnización de 370 millones de euros. 

Quebranto

A la resolución favorable de esta demanda se agarra como un clavo ardiendo OHL para evitar el gran quebranto que supondría reconocer como pérdidas los 230 millones en que tiene valorados en sus cuentas esta concesión.

«La insolvencia producida tras denegar el tribunal la suspensión cautelar de la sanción queda al margen del juicio sobre la recuperabilidad de los importes, cifrados en los 369,5 millones», señalan fuentes de la constructora. 

Las dos partes, tanto la Comunidad como el grupo constructor, se llevan acusando mutuamente de haber incumplido el contrato desde hace meses.

Las cuentas dejaron enseguida de salir

En el fondo todo se deriva de unas cuentas, las echadas por OHL en 2007, que pronto se vieron que no se podrían cumplir porque el número de viajeros que, supuestamente, utilizaría esta infraestructura iba a estar muy por debajo de las previsiones iniciales, como consecuencia de que los miles de pisos que se iban a construir en Navalcarnero finalmente no se edificarían. 

Ante esta evidencia, la concesionaria se queja de que el gobierno regional no ha atendido sus sugerencias de hacer un proyecto alternativo más barato, de cara a reducir los costes.  

El riesgo se asume, responde la Comunidad

La respuesta del Ejecutivo autónomo la volvía a reiterar hace unos días el consejero Rollán durante una intervención en la Asamblea de Madrid, en el sentido de que la concesionaria debe asumir las consecuencias de haber ofertado por un precio mucho más bajo para llevarse la concesión, de 2,94 euros por viajero frente a los 4,45 euros previstos en la licitación, un 34% menos, con vistas a obtener unos 700 millones de euros de ingresos durante 30 años.

También recuerdan desde la Comunidad de Madrid que OHL asumió el 100% del riesgo de la demanda, cifrada por la propia concesionaria en casi 10 millones de viajeros al año, la mitad de las estimaciones técnicas manejadas por los responsables autonómicos cuando licitaron la concesión en 2007.