Villar Mir da el paso decisivo para vender Ferroatlántica
La Xunta comunica al comité de empresa de Ferroatlántica que dará luz verde a la cancelación anticipada del leasing que pesaba sobre las centrales
Grupo Villar Mir ha salvado el principal escollo para vender Ferroatlántica, el grupo compuesto por las centrales de los ríos Xallas y Grande (A Coruña) y la planta de ferroaleaciones de Cee-Dumbría. La compañía anunció en junio un acuerdo con el fondo TPG para cerrar la operación por 170 millones, dejando al margen las segregadas plantas de Sabón (A Coruña) y Boo (Cantabria). La venta quedaba pendiente de la obtención de las pertinentes autorizaciones.
En lo que atañe a la Xunta, el permiso pendiente ya le ha sido concedido. Según informó en un comunicado el comité de empresa, la Consellería de Industria informó verbalmente a los trabajadores de la autorización administrativa para cancelar anticipadamente el leasing que pesaba sobre las centrales. Este arrendamiento financiero, en su momento autorizado por Augas de Galicia, era el principal escollo para que Villar Mir pudiera ejecutar la operación, pues debía recuperar la propiedad de la concesión para luego venderla.
Aunque se trataba de un trámite, las particularidades de la concesión generaban dudas sobre la posición que mantendría la Xunta, más aún cuando en 2017 denegó la solicitud de la empresa para segregar las hidroeléctricas de la planta de ferroaleaciones para venderlas al fondo Brookfield. En esta ocasión, Ferroatlántica traspasará el paquete completo, centrales y fábrica.
Los trabajadores anuncian protestas y acciones legales
El comité de empresa, que se opone a la venta, asegura que estudiará las acciones legales a seguir e impulsará un calendario de movilizaciones con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad industrial, que ven en peligro con esta operación.
Los trabajadores critican que la Xunta incumpliera el compromiso de actuar conjuntamente con la parte social e intercambiar información. “Al comité no se le han trasladado los documentos presentados por la empresa ni se le informó de las reuniones que mantuvo la Xunta con la empresa compradora y vendedora, ni se promovieron reuniones a cuatro bandas con los trabajadores, Ferroatlántica, Xunta y fondo TPG”, lamentan.
El comité exige un plan de viabilidad que, a su juicio, es obligatorio, pues “así lo establecen las distintas resoluciones de la Xunta, la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia”. “Incluso el presidente del Gobierno gallego anunció en sede parlamentaria que exigiría a Ferroatlántica dicho plan, por lo que le pedimos que asuma su compromiso y se ponga del lado de los trabajadores”, concluyen.
