Ni agua: Vestas niega una tregua a su plantilla e inicia el periodo de consultas del ERE
La Xunta remitió una carta a la compañía para solicitarle que retrasase el inicio de las negociaciones por el cierre de la factoría
Vestas parece decidida a bajar la persiana de su factoría de turbinas en Viveiro, Lugo, antes de final de año. Compañía y comité de empresa han celebrado este martes una reunión con la que se da por abierto, de manera oficial, el periodo de consultas del expediente de regulación de empleo que pretende poner en marcha en el marco del proceso de cierre de la planta y que supondrá el despido de 115 personas.
Según denuncian los representantes de los trabajadores, la compañía ha rechazado retrasar el inicio de este periodo de negociaciones. Así lo indica el presidente del comité de empresa, David Mariño: “Después de varios intentos, no fue posible”.
Es por eso que los trabajadores advierten “mala fe” en la empresa, «que no valoró en absoluto retrasar el inicio del periodo de consultas para poder celebrar una reunión industrial, previamente convocada desde la Xunta». «Desde el comité queremos expresar nuestra indignación y repulsa ante este hecho y comunicar a todos los trabajadores que lucharemos por una salida digna de este conflicto«, indicó.
Petición de la Xunta
Y es que el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, y la conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, se reunieron este lunes con representantes de los trabajadores y acordaron constituir una mesa industrial a la que invitaron tanto al Gobierno central como a la dirección de la compañía.
De hecho, Lorenzana remitió una carta a la empresa para pedirle el retraso del inicio del periodo de consultas del ERE, porque «está en sus manos hacerlo o no», y Vestas acusó recibo este martes por la mañana, según ha señalado la propia conselleira, a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa.
La ‘mesa de Vestas’
La titular de Emprego del Gobierno gallego ha incidido en que «la idea» de esa mesa es buscar «una solución factible», con la meta del mantenimiento «del 100% del empleo», y para ello también está invitado el Gobierno central.
En cuanto a la autoridad laboral, su papel en los ERE queda limitado a «vigilar la formalidad jurídica del expediente», ya que no es precisa su autorización, lo cual «no quita» que «la negociación tiene que ser efectiva», algo que se reprochó en el caso del ERE de Alcoa.