Venezuela lleva diez años montando la patrullera encargada a Navantia
La última de las ocho patrulleras contratadas en 2006 acumula ocho años de retraso sin tener todavía una fecha de entrega en el calendario
El próximo mes de mayo se cumplen diez años desde que Venezuela inició las tareas de construcción de la octava patrullera encargada a Navantia. Fue entonces cuando el astillero venezolano Dianca comenzó el corte del primer bloque de este buque que construiría de la mano con la empresa pública española. Con él se cerraría el círculo del macrocontrato adjudicado en 2006 tras la mediación del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el exministro de Defensa, José Bono. Pero, casi una década después y tras una ristra de problemas técnicos, investigaciones judiciales y tensiones diplomáticas, el buque -denominado Comandante Eterno Hugo Chávez– continúa sin terminar y sin fecha de entrega en el horizonte.
“Se encuentra en fase de pruebas de mar”, comentan portavoces de Navantia, que siguen sin conocer cuándo se producirá la esperada entrega. No en vano, el contrato para la construcción de las cuatro patrulleras de altura y las otras cuatro de vigilancia litoral (como el que aún queda pendiente) estimaba que en junio de 2011 ya habrían sido entregadas todas. “Va con un retraso considerable”, argumentan fuentes sindicales de Navantia en la Bahía de Cádiz.
Venezuela tarda cuatro veces más
De las instalaciones andaluzas salieron siete de los ocho buques encargados por la Armada venezolana (todos ellos entregados antes de abril de 2012) y once de los doce bloques que componen el Comandante Eterno Hugo Chávez. La entrega de estos últimos se realizó “hace unos ocho años” -señalan- para posteriormente ser ensamblados en el astillero venezolano, que, de esta manera, construiría la primera patrullera de su historia. Pero ni la asistencia técnica del personal de Navantia desplazado al país sudamericano, ni la transferencia tecnológica, ni los cursos impartidos a mandos venezolanos para iniciarse en este segmento han servido para acelerar un proceso que se centra, fundamentalmente, en tareas de ensamblaje.
Mientras Navantia empleó una media de 30 meses en construir cada uno de los siete barcos, Dianca necesitó el doble (62 meses) solo para su botadura. Esta se produjo en julio de 2014 en un acto al que acudió la cúpula de un Gobierno venezolano ya liderado por Nicolás Maduro tras el fallecimiento de Hugo Chávez. La propia Carmen Meléndez, entonces ministra de Defensa de Venezuela, avanzó en el acto que, según sus estimaciones, el buque estaría finalizado antes de concluir el año 2015, cuatro años después de lo previsto. Pero la delicada situación económica, política y social que atraviesa el país ha frenado estas tareas. La única información sobre el estado del buque fue la proporcionada por el Gobierno en una respuesta parlamentaria del pasado mes de octubre. En ella se cifraba en un 85% el grado de ejecución.
Avales millonarios en juego
Los continuos retrasos que acumula el astillero Dianca -filial del grupo estatal Pdvsa, ahora sancionado por Estados Unidos- afectan también a las cuentas de Navantia. La empresa controlada por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) aportó 312 millones de euros en avales tras la firma del acuerdo. Estos se van devolviendo conforme se cumplen determinados hitos en la construcción de los buques (corte de chapa, botadura, entrega etc.).Unos 70 millones de euros de la fianza se corresponden precisamente a la octava patrullera de este macrocontrato valorado en 1.246 millones de euros.
Estados Unidos mueve ficha
El último de los cuatro buques de vigilancia litoral (de 79,9 metros de eslora) encargado a Navantia se dedicará a la lucha contra incendios y contra la contaminación marina, así como a operaciones de rescate y de defensa de superficie. Para ello dispone de espacio en cubierta para albergar un helicóptero y de un equipamiento en el que sobresalen dos cañones que estuvieron salpicados de polémica.
La Administración Estados Unidos movió ficha para forzar que los cañones que equipan estos buques fuesen de OTO Melara (fabricación italiana) y Oerlikon (fabricación suiza) y no estadounidenses, de manera que se evitara la transferencia tecnológica y militar hacia un país con el que ya por aquel entonces atravesaba tensiones diplomáticas. Las presiones de Estados Unidos también provocaron que del macrocontrato rubricado en 2006 se cayese la construcción de los doce aviones que acompañaban a las patrulleras en este pedido.
