Urbas se prepara para abrir en Galicia una de las mayores minas de feldespato de Europa
La constructora y promotora inmobiliaria presenta a la Xunta un plan para extraer más de un millón de toneladas de feldespato de las antiguas minas de la cerámica de Sargadelos
Juan Antonio Acedo, presidente de Urbas / Urbas
La cotizada Urbas, una constructora y promotora inmobiliaria que comenzó su larguísima trayectoria empresarial como concesionaria de transportes en Barcelona, planea abrir en Lugo una de las mayores minas de feldespato de Europa. La compañía que preside Juan Antonio Acedo ha presentado a la Xunta un proyecto para extraer más de un millón de toneladas del mineral, que se emplea para la fabricación de vidrio y en la cerámica, en un periodo de nueve años, a una media de 140.000 toneladas anuales. Eso dispone al menos el proyecto de explotación que acaba de someter a exposición pública la Consellería de Economía y que tiene un presupuesto de 8,2 millones. La empresa tardaría dos años en realizar el plan de restauración, una vez extraídos 1,13 millones de toneladas del subsuelo. Según el documento, la extracción afecta a una parte de los derechos mineros que tiene la compañía y se ampliará a otros filones posteriormente.
Urbas ya anunció esta mina a cielo abierto en 2020, con el objetivo de activar la explotación en 2021. El proceso de obtención de los permisos retrasó los plazos. El plan de negocio de la empresa 2021-2024 prevé el inicio de la explotación este mismo año. El documento añade que se tratará de “la segunda explotación de feldespato de Europa y la primera de España, con 660 millones de euros de reservas probadas”.
Se trata del yacimiento de Silán, en el municipio lucense de Muras, un grupo de cinco concesiones que fueron explotadas por distintas empresas a lo largo de los años y que abastecieron a históricas corporaciones gallegas, como Grupo de Empresas Álvarez o Sargadelos. La última propietaria de los derechos mineros fue la lucense Materiales Cerámicos Materias Primas SL, vinculada a los propietarios de Reyco. Urbas la integró en su grupo el año pasado.
Urbas plantea una ampliación progresiva de la explotación
El proyecto presentado por la compañía atañe solamente a uno de los filones, el denominado Ampliación a San Acisclo. Para llegar a una de las mayores explotaciones de Europa, será necesario añadir la explotación del resto de concesiones. El documento señala que “conforme la explotación vaya aumentando y consolidándose, se pondrán en explotación los restantes filones que en su día fueron explotados, intentando incluir entonces una actuación industrial minera de conminución y refino de los materiales extraídos, en la búsqueda de una mayor rentabilidad y la consecución de un mayor valor añadido de los productos que se vendan”.
“Tras garantizar este crecimiento productivo y económico-extractivo, podrá proseguirse con el aprovechamiento de otros filones mineros, situados en otras de las concesiones que formaron parte de este grupo, lo cual requerirá ingentes trabajos previos de investigación geológica-minera, que desembocarán en la redacción de nuevos proyectos mineros para el aprovechamiento de los restantes recursos feldespáticos existentes en las concesiones que conformaron el grupo minero Silán”, añade.
La previsión inicial de la compañía en 2020 ya era de una ampliación progresiva de la explotación, comenzando con alrededor de 150.000 toneladas anuales y pudiendo llegar hasta el medio millón. Además de Ampliación San Acisclo, el resto de concesiones se denominan Silán, José, San Acisclo y Ampliación José.
Un presidente investigado
Urbas aterriza en Galicia envuelta en un complejo proceso judicial que afecta a su presidente, Juan Antonio Acedo. Según trascendió el año pasado, la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 8 años y tres meses de prisión para el también consejero delegado de la compañía por presuntas irregularidades en la ampliación de capital de 2015, por valor de 384 millones. Además de Acedo, también fue procesado en la Audiencia Nacional su predecesor en el cargo, Juan Antonio Ibáñez Fernández, y otras 12 personas.
Las últimas cuentas anuales de la compañía, correspondientes al ejercicio de 2020, explican que «el Ministerio Fiscal basa el delito en la presunta irracionalidad de las valoraciones de los activos aportados«. Añade que se acusa a miembros del consejo de administración de un delito de estafa, un delito relativo al mercado y a los consumidores y varios delitos societarios.
En la memoria, y citando a los servicios jurídicos del grupo, Urbas considera que «el riesgo de que se produzca cualquier sentencia condenatoria es remoto», al igual que la posible anulación de la ampliación de capital.
