Urbanización de Fadesa en Miño: ¿Fin a un conflicto de dos décadas?
Hacienda concede al ayuntamiento de Miño un crédito de 7 millones para hacer frente a las expropiaciones sin abonar
Nuevo paso (que podría ser definitivo) en el conflicto derivado de la construcción de la macrourbanización de la antigua Fadesa en el ayuntamiento de Miño. El Ministerio de Hacienda ha concedido un crédito de 6,9 millones al municipio coruñés para hacer frente a cantidades pendientes de abonar a las 200 familias que fueron expropiadas en su día para ejecutar la urbanización.
Así lo han informado el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, y el alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, que ha destacado que, con ello, “se pone fin a un conflicto que empezó hace 18 años”.
Conflicto judicial
Y es que las expropiaciones para la urbanización en el municipio coruñés de Miño generaron un conflicto judicial entre el Consistorio y los vecinos afectados, a los que dieron la razón los tribunales.
El alcalde firmó con ellos el pasado mes de septiembre un acuerdo para solucionar los problemas derivados de aquella actuación, que estaba supeditado a la concesión de cantidades con cargo al Fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda para el año 2020.
En concreto, el regidor se comprometió a hacer frente a las 234 sentencias pendientes con esta cantidad, 6.947.579,43 euros. Ante el compromiso entre las partes, el Ministerio de Hacienda acaba de confirmar la concesión de estos fondos, según han explicado el delegado del Gobierno y el alcalde de Miño.
Crédito a 10 años
«Es un compromiso que adquirió el Gobierno con el ayuntamiento», ha subrayado Losada. Mientras, el alcalde, que ha considerado que no se debía haber llegado a un conflicto judicial, del que ha responsabilizado a los anteriores gobiernos locales, ha mostrado su satisfacción por la concesión del crédito.
«Es un préstamo a diez años, con dos años de carencia», ha explicado sobre el mismo. De los siete millones que debe abonar el Consistorio, ha asegurado que, tras el acuerdo, se evitó tener que pagar «300.000 euros anuales en intereses» que les impusieron las sentencias judiciales.
Por otra parte, ha asegurado que el gobierno local busca, a través de la Xunta y de la Diputación de A Coruña, «afrontar las cuotas del préstamo«. «Las negociaciones van encarriladas», ha apostillado.
