Una sentencia acredita que DIA vende comida »caducada» y »en mal estado»

María Concepción Rizo, de 56 años, vivía tranquilamente con su quiosco de prensa diaria en una céntrica calle de Lleida. No tenía grandes lujos, pero pagaba su cuentas y regentaba un negocio que todavía añora. Conocía a casi todo el barrio y llevaba una vida rutinaria y tranquila. Hasta que un día se presentaron en su quiosco un grupo de comerciales de DIA que vendían franquicias a puerta caliente.

La convencieron de la buena inversión que suponía abrir una tienda DIA. Le mostraron las rentabilidades y Concepción, junto con su hermana y una amiga, creyeron que sería una muy buena opción para comenzar un negocio próspero. María Concepción no tenía dinero para asumir los gastos del nuevo negocio que les planteaban los comerciales de DIA, pero rápidamente les dirigieron a las entidades bancarias donde tenían que pedir créditos y avales. Firmaron los pagarés en un bar y el contrato en el capó de un coche, según relata.   

De esta forma, lo arriesgaron todo, pusieron sus pisos como garantías y comenzaron con un negocio que nunca dejó de facturar. Pero apenas comenzó el establecimiento, las socias comenzaron a darse cuenta de que algo no iba bien. Recibían productos de mala calidad. A veces las sandías aplastaban a los yogures y la fruta estaba a punto de caducar.

«Las pérdidas por alimentos en mal estado eran altísimas. En tres ocasiones recibí cajas de huevos podridos y una vez me llegaron latas de atún abiertas y llenas de gusanos. Menos mal que le saqué fotos, porque nadie me hubiese creído algo así. Y lo peor de todo es que esas pérdidas las asumía yo, porque nunca me devolvieron el dinero», explica la exfranquiciada de DIA.  

El juicio

Las crecientes pérdidas por la comida a punto de caducar, en mal estado o podrida llevaron a la ruina a las socias. Las pérdidas crecían mientras más vendían, porque las mermas del producto destruía el escaso margen comercial de unas tiendas llenas de descuentos de 3 por 2, 2 por 1 o 70% de descuento en la segunda unidad.

Los últimos meses, las emprendedoras no cobraban. Trabajan gratis para atender las crecientes deudas, pagar los camiones y tirar toda la comida que llegaba en mal estado. Al final, arruinadas y sin trabajo, una de las hermanas perdió su piso y María Concepción tuvo que acudir a Cáritas a pedir comida. Tras el cierre, llevaron a la cadena a juicio.

La sentencia, firmada el 29 de julio de 2014 por el juzgado número 33 de lo penal de Barcelona, acredita las denuncias de la franquiciada y asegura que la cadena de supermercados «incumplió gravemente sus obligaciones contractuales».

«DIA suministraba mercancías con múltiples deficiencias, con un estrecho margen de caducidad que impedía la salida de las mismas», argumenta la juez en su sentencia que acredita que la afectada recibía producto «inservible y no apto para el consumo».  

«En devoluciones por producto en mal estado, todo lo que se pone malo, te lo comes», explicó en el juicio Ángeles Codes, otra exfranquiciada de DIA y que anteriormente había trabajado para la cadena durante 15 años como empleada. «Cuando era empleada de DIA, podía devolver los productos, pero cuando era franquiciada, no», añadió.

La cadena de supermercados, dirigida por Ricardo Currás, aseguró en el juicio que las mermas por comida defectuosa vendida a los franquiciados se compensaba con un descuento del 0,4% en la facturación de forma sistemática. Pero ahora la cadena niega que venda comida en mal estado, caducada o podrida. Asegura que todo es falso y que no recurrió la sentencia porque les resultaba muy caro. 

Devolución de aval y canon

La juez de Barcelona ordenó a DIA devolver el aval de 25.000 euros y el canon de entrada de 12.000 euros más los intereses por «incumplimiento grave de contrato». Pero la franquiciada no pudo recibir los 70.000 euros que reclamaba por el primer llenado de tienda. En una situación de insolvencia absoluta, no pudo pagar una auditoría para acreditar las pérdidas, con lo cual la juez no pudo obtener ningún criterio para la indemnización, tal como asegura la sentencia. 

«Nos arruinó la vida. Tuve que ir al psicólogo y también tuve que ir a pedir comida a Cáritas», explica la afectada. DIA culpó a las emprendedoras por haberse fijado un salario «excesivamente alto». Cada socia que trabajaba en la tienda ganaba 1.500 euros y una empleada cobraba 900.

Al ver que los números no daban, rebajaron los sueldos hasta los 1.200 euros y, posteriormente a los 900. Los últimos meses, nadie cobraba. La juez acreditó que los salarios eran muy altos para los números que produce un negocio DIA, con márgenes sumamente ajustados.