Una querella por estafa se cruza en la venta de Arias Infraestructuras
La familia fundadora mantiene abierta la vía penal en los juzgados contra el accionista mayoritario de Arias Infraestructuras, que anuncia su venta
La operación de venta del mayor adjudicatario de obra pública de Galicia, Arias Infraestructuras, puede encallar en los juzgados. Ildefonso Rodríguez Iglesias comunicó este martes de forma escueta a la plantilla de la constructora la venta de la compañía, como adelantó Economía Digital, que pasa ahora a estar en manos de dos antiguos ejecutivos de Isolux, Mario Barcenilla y Antonio Aranzadi. Sin embargo, no todo el camino está despejado para el principal accionista de Arias Infraestructuras.
El Juzgado de lo Penal número cinco de A Coruña tramita una querella presentada el año pasado por los fundadores de Arias Hermanos, que tras la venta a Rodríguez Iglesias, firmada en 2005, retuvieron un 25% del capital. De hecho, la matriz de Arias, Abreirar 2005, declara en sus últimas cuentas un 75% del capital de la constructora coruñesa, que en 2017 fue la mayor adjudicataria de obra pública de Galicia.
Cuatro delitos
En la querella presentada, admitida a trámite y actualmente en fase de instrucción, se imputan a Rodríguez Iglesias hasta cuatro presuntos delitos: estafa, administración desleal, falseamiento de cuentas anuales y vulneración del derecho de información de los socios. La querella parte de la familia, varios hermanos, de Antón Arias Díaz-Eimil, hasta enero presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia.
Rodríguez Iglesias, según los querellantes, incumplió en el pacto de socios firmado en 2005 los derechos de los minoritarios para ejecutar un acuerdo de separación. Según la querella presentada en el juzgado, Rodríguez Iglesias apeló a pérdidas sobrevenidas para incumplir lo acordado y así liberarse de recomprar ese 25% que estaba en manos de la familia Arias.
Del juzgado a los trabajadores
Las partes se encuentran actualmente a la espera de la decisión del titular del juzgado, que podría archivar la causa, abrir fase de juicio oral o decidir revertir la situación de los socios a la hoja de ruta que establece el pacto firmado entre los Arias y Rodríguez Iglesias en 2005.
Economía Digital intentó ester martes, sin éxito, conocer la versión de Rodríguez Iglesias sobre la operación de venta y sobre los problemas judiciales que afronta. Otro tanto sucedió con los ex directivos de Isolux. La plantilla de la compañía, integrada por algo más de 110 trabajadores, ya ha reclamado, a través de UGT, una reunión con el accionista mayoritario para que despeje las dudas y la intranquilidad que reina entre los trabajadores.
