Un tijeretazo de casi 2 millones está detrás del concurso de helicópteros de la Xunta
El sindicato SLTA denuncia la precarización en el servicio de helicópteros de urgencias, que pasó de costar 12,7 millones a 9,1 millones desde la crisis
La anulación de la adjudicación de los helicópteros del 061 a la empresa Habock ha provocado las críticas del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos, que desde hace meses viene cuestionando los pliegos y los criterios de la mesa de contratación de la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias-061, organismo dependiente de la Consellería de Sanidade.
El SLTA recalca también la progresiva precarización del servicio desde el año 2009, cuando la crisis económica hizo saltar las alarmas en la Xunta, que se instaló en la contención del gasto y las políticas de austeridad. El servicio de transporte sanitario aéreo urgente costaba entonces 12,72 millones, mientras que la última adjudicación del contrato, ahora anulada por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, se cerró en 9,08 millones, la cuantía ofertada por Habock. En este recorte hay que tener en cuenta que desapareció el helicóptero de Protección Civil con base en Lalín, con un coste de aproximadamente 2 millones.
Una mesa formada por médicos y sin técnicos aeronáuticos
En un comunicado, el sindicato cargó contra el desarrollo del concurso público y desvela que en junio, durante una reunión con la gerencia del 061, ya puso de manifiesto su preocupación “por diversos aspectos del nuevo concurso con los que a su entender no se estaba cumpliendo y que podrían poner en riesgo al servicio”.
“Se descubrió que la valoración técnica realizada por la fundación pública 061 se realizó únicamente por personal médico, que carece de formación aeronáutica alguna y prescindió, por algún motivo que se desconoce, de los asesores técnicos aeronáuticos que dispone la Xunta para tal efecto”, explica el SLTA.
Pliegos basados en una normativa “obsoleta”
La organización advierte que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, en la resolución que anula la adjudicación a Habock, señala que el pliego redactado por el 061 se basa “en una normativa aeronáutica completamente obsoleta desde hace años, conocida como JAR-OPS 3, sustituida por el reglamento UE 965/2012”.
Según relata el sindicato, pese a alertar a la gerencia del 061 de posibles incumplimientos por parte de Habock, “la fundación pública no examinó los helicópteros antes de la adjudicación del contrato ni revisó las licencias de personal de vuelo, para comprobar si estos hechos eran ciertos”.
El tribunal de contratación anuló finalmente la adjudicación y obligó a Habock a aportar nueva documentación para demostrar la capacitación de los pilotos para operar en vuelos multipiloto y en vuelo instrumental. Atendió así a un recurso de la empresa rival Babcock, la antigua Inaer, que fue excluida del concurso.
La precarización del servicio
“Sorprende que el órgano de contratación del 061 pasase por alto unos aspectos que claramente afectaban a la seguridad y a la calidad del servicio. Quizás sí haya explicación, si se tiene en cuenta que la oferta ganadora era prácticamente un millón de euros más barata que la otra”, continúa el relato del SLTA, que asegura que desde el contrato de 2014 se redujeron las horas de vuelo de los helicópteros así como las tripulaciones contratadas.
“Esto conllevó que los aparatos no estuvieran operativos de orto a ocaso durante todo el año, provocando que durante estos últimos 4 años no pudieran acudir a diversas emergencias, como la trágicamente ocurrida en 2015 durante el rally de Carral”, explica el sindicato.
“Desmedida reducción de costes”
El SLTA cifra en 1,7 millones el tijeretazo, restando los “2 millones del tristemente desaparecido helicóptero de protección civil de A Estrada, también afectado por los recortes”. Si contáramos también este equipamiento, la reducción en el coste del contrato se situaría en los 3,7 millones.
“La desmedida reducción de costes que lleva sufriendo el servicio en los últimos años desde que los helicópteros dependen directamente del 061, supone una clara precarización de los servicios de emergencia, lógicamente estos recortes son revertidos al servicio por las empresas adjudicatarias por lo que, al ya demostrado intento de ‘colar’ pilotos sin la formación necesaria, seguramente se vean nuevos intentos de reducción costes, bien sea en titulaciones, equipamientos, e incluso sueldos, lo que provocará que el personal más experimentado se vea obligado a buscar otros destinos mejor remunerados, con la consiguiente pérdida en seguridad del servicio”, concluye el sindicato.