Un puñado de constructoras arriesga mil millones anuales con la municipalización en Madrid
FCC, Sacyr, Ferrovial, Dragados y Acciona tendrán un boquete financiero sin precedentes si el Ayuntamiento rescinde los contratos que considera abusivos
Si el Ayuntamiento de Madrid cumple sus promesas electorales, FCC, propiedad de Alicia Koplowitz, dejaría de ingresar más de 83 millones de euros al año por la recogida de basuras del centro de Madrid y sus competidores Urbaser (ACS, Florentino Pérez) y Cespa (Rafael del Pino, Ferrovial) ya no ingresarían 77 millones de euros anuales entre las dos por el mismo trabajo en la periferia. Por el mantenimiento del alumbrado, Ferrovial y FFC junto con otras dos empresas asociadas dejarán de recibir 255 millones de euros anuales.
Dragados, filial de ACS, también dejaría de facturar 336 millones de euros por la «gestión integral de las infraestructuras» en tres lotes de la ciudad si Ahora Madrid pudiese rescindir los contratos en manos de empresas privadas y que suponen –a su juicio– un claro perjuicio para las arcas públicas.
Empresas polifacéticas
Huérfanas de grandes obras y proyectos de construcción, las grandes constructoras se han lanzado a la caza de contratos públicos de recogida de basuras, limpieza y alumbrados. Pero no sólo eso. Algunas de ellas también sacan provecho de los contratos de mantenimiento de parques históricos y jardines singulares en Madrid, unos trabajos por los que acciona gana 89 millones de euros anuales.
La filial de ACS, Urbaser, también ha ganado una concesión de limpieza urgente por la que factura 61 millones de euros adicionales a los que también ingresa por la gestión de los puntos limpios (413.482 euros por el lote 1 de ese contrato).
Las grandes constructoras junto con otros grupos empresariales en manos de contratos menores pueden perder más de 1.000 millones de euros al año, sin contar los contratos por la gestión de las instalaciones deportivas, las gerencias de urbanismo delegadas en despachos de arquitectos y los contratos con los servicios sociales y culturales.
La cifra representa casi una cuarta parte del presupuesto municipal que este año asciende a 4.400 millones de euros. «El Ayuntamiento está casi completamente privatizado», aseguró Carmena. Además de las privatizaciones, el Ayuntamiento debe pagar 30.000 nóminas de trabajadores municipales, una plantilla similar al de grandes multinacionales en España como BBVA, Telefónica o Caixabank.
Presión por la municipalización
Quitar los grandes contratos de basuras y limpieza, entre otros, ha sido una promesa electoral de Ahora Madrid, una agrupación que no cuenta con la mayoría necesaria en el pleno para ejecutar medidas drásticas. Pero ahora la propia alcaldesa Manuela Carmena duda de que la remunicipalización sea una medida viable.
Las bases de Ahora Madrid exigen a la agrupación política que cumpla sus promesas para que los servicios básicos municipales, que están gestionados por las grandes constructoras, vuelvan a manos públicas con el propósito de obtener ahorros y ofrecer un sueldo mayor a los trabajadores, según los defensores de la remunicipalización.
El gobierno de Carmena teme que la rescisión de los contratos pueda ocasionar enormes costes judiciales para el Ayuntamiento. Las constructoras, que dependen de los contratos para mantenerse con buena salud, están dispuestas a dar la batalla judicial.
